Martes, 10 de Mayo de 2011

Anticorrupción pide a Pedreira que se inhiba de la 'Gürtel' en favor de la Audiencia

La Fiscalía considera que no tiene competencia, al perder su aforamiento los imputados que renunciaron a sus escaños

EUROPA PRESS ·10/05/2011 - 14:15h

DANI POZO - El juez Pedreira en una imagen de archivo.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y al magistrado Antonio Pedreira que se inhiban de la investigación del caso Gürtel a favor de la Audiencia Nacional al perder su competencia después de que los diputados regionales imputados perdieran el pasado mes de abril su aforamiento tras renunciar a su escaño en la Asamblea de Madrid.

En un escrito de ocho páginas, las fiscales del caso contestan al requerimiento de la Sala de lo Civil y Penal del TSJM para que se pronunciaran sobre su competencia en la causa y a qué órgano debía remitir las actuaciones ante las nuevas circunstancias.

De este modo, Anticorrupción expone que "el cese de los tres imputados en esta función conlleva la pérdida de su aforamiento conforme a lo dispuesto en los artículos 11.6 del Estatuto de Autonomía de Madrid". Por ello, declara la incompetencia de la Sala para la instrucción de las presentes diligencias.

El procedimiento será remitido de nuevo al Juzgado de Instrucción

Asimismo, asegura que la pérdida de competencia determina que "el procedimiento haya de ser remitido nuevamente al juzgado de procedencia, a saber, el Juzgado Central de Instrucción número 5". "Ello por cuanto no se han alterado las circunstancias que motivaron su inicial competencia y que, en esencia consisten en la investigación de delitos de blanqueo cometidos en gran medida en el extranjero", recoge el escrito.

Así, esgrime que la inicial competencia de la Audiencia Nacional deriva de los delitos de blanqueo investigados en esta causa y encuentra su fundamento legal en la Ley Orgánica del Poder Judicial. El escrito añade que el procedimiento, del que en un principio derivó esta causa, surgió del presunto blanqueo cometido desde el despacho del abogado Luis de Miguel Pérez.

La Audiencia tendrá competencia sobre todo el proceso

De este modo, explica que el delito de blanqueo de capitales investigado en esta causa consistiría en "la ocultación del origen y verdadero propietario de los bienes de Francisco Correa y otros imputados a través de la interposición de numerosas sociedades ubicadas en diferentes países". Agrega que en las estrategias de blanqueo se habrían utilizado "cuentas bancarias abiertas en el extranjero que habrían permitido la expatriación y repatriación de los fondos ilícitamente obtenidos". Estas actuaciones, según las fiscales, se habrían desarrollado en Estados Unidos, Países Bajos, Gran bretaña, Portugal, Suiza, Monaco, Panamá, Colombia, Singapur, Islas Vírgenes y San Cristóbal y Nieves.

Asimismo, expone que en la comisión de los delitos de blanqueo habrían participado Francisco Correa, el exsecretario de Organización del PP gallego, el abogado Luis de Miguel, y el exvicepresidente de Repsol, Ramón Blanco Balín, entre otros. Así, concluye que "el delito de blanqueo objeto de esta causa, en cuanto cometido por españoles y extranjeros en territorio nacional y fuera de él, es competencia de la Audiencia Nacional y debe ser instruido, en consecuencia, por los Juzgados Centrales de Instrucción".

No obstante, la Fiscalía matiza que ello no implica "que sean solo ese delitos los que deba conocer dicho juzgado, sino que su competencia ha de extenderse a la totalidad de los delitos objeto del procedimiento".

Anticorrupción expone en el escrito que "los artículos 22.2 y 25 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal imponen al juez de Instrucción que acuerde la inhibición la continuación de la tramitación de la causa tanto recaiga resolución firme que resuelva la cuestión promovida o aceptación de la competencia". Es decir, que deberá seguir practicando diligencias hasta que la Audiencia acepte la competencia. Tras recibir el informe, la Sala del TSJM ha dado traslado a las partes personadas del mismo para que en el plazo de cinco días contesten las alegaciones que consideren oportunas sobre la competencia del TSJM.