Historia 1. Ángel Sánchez, de 47 años, lleva en su coche la acreditación de minusvalía, pero casi siempre tiene que aparcar en lugares prohibidos porque los huecos reservados están ocupados ilegalmente por otros vehículos. Esta operación, además, nunca le sale gratis: el jueves, tuvo que pagar 50 céntimos al gorrilla de turno.

Historia 2. Francisco Javier Ortega, de 51 años, da varias vueltas antes de aparcar cerca de su carnicería; el jueves, tras una búsqueda imposible, dejó el coche en doble fila. Logró evitar al gorrilla de turno.

Historia 3. Pedro Macías, de 66 años, siempre lleva monedas sueltas cuando va a ver a su hija. El jueves, como todos los días, tenía lo justo para sacar el ticket de la zona azul y dejarle un euro al gorrilla de turno.

La pregunta sobre cuál es el nexo entre las tres historias se responde sola. El final de las historias, también: insultos, amenazas y daños en el coche cuando los conductores no pagan esta especie de impuesto revolucionario a los aparcacoches ilegales que inundan Sevilla, una de las ciudades acosadas por quienes originariamente llevaban una gorra de plato –de ahí su apodo– como símbolo de autoridad.

Son la pesadilla de los vecinos y una papeleta difícil de resolver para la Administración, que hasta el momento no ha ideado ninguna fórmula que ponga freno al problema. Un fraude en la Asociación de Parados Mayores de 40 Años (PM-40) echó por tierra lo que parecía, además de una solución a un colectivo necesitado, un alivio a la extorsión de los aparcacoches ilegales: los vovis (así se autodenominan los vigilantes voluntarios), con uniforme, alejaban a los gorrillas, generalmente yonquis.

La actividad de los vovis es hoy extraoficial, pero siguen expidiendo tickets por 60 céntimos con la leyenda “Control y ordenación de aparcamientos según convenio con el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla”.   

Sanciones de hasta 120 euros

El nuevo intento, esta vez a través de una regulación, llegará a finales de mes. El Consistorio va a aprobar en Pleno la ordenanza conocida como “antivandalismo”, que multa con hasta 120 euros la actividad de los gorrillas, considerada como una forma de “mendicidad coactiva”.

Quienes viven y acuden a diario a Bami, uno de los barrios más afectados, no se la creen y opinan que no servirá de nada. “¿Cómo van a multar a individuos que se declaran insolventes?”, pregunta Ángel Sánchez tras mostrar los desperfectos de su coche –asegura– causados por los gorrillas.

El Ayuntamiento tampoco parece confiar mucho en la ordenanza, que permite sustituir las sanciones por ayudas sociales a la comunidad. “En la etapa de la alcaldía de Alejandro Rojas Marcos (PA), el Tribunal Supremo anuló considerar como delito las actuaciones de los gorillas”, aseguró por email un portavoz municipal. Ningún responsable del consistorio quiso explicar cómo se aplicará la medida. “No se aplicará”, asegura Francisco Javier Ortega, un carnicero que lleva más de 40 años en el barrio. Cree que ocurren muy pocas cosas en la zona para la “escasa vigilancia” que existe. “Lo de los gorrillas se arregla con policías”, dice.

La hija de Pedro Macías, por evitar la extorsión, suele aparcar en lugares prohibidos. “Cuando el gorrilla me intimida, la Policía nunca está, sólo viene para poner multas”. Desde el día 1, acumula cuatro.

De yonquis de las Tres Mil a magrebíes con móvil y mp3 

En el suelo, una botella de cerveza. El pelo le llega por debajo de los hombros. Está sucio. Son las doce de la mañana y tiene dificultades para hablar. “Yo no exijo dinero a nadie. Cada uno es libre de dar o no, yo no amenazo, pero si llevo aquí un montón de horas esperando a que haya un hueco libre...”. No quiere decir su nombre, ni su edad –aparenta menos de 30–, pero admite su adición a las drogas. Jaime, nombre ficticio, es uno de los gorrillas de Bami. Vive a las espaldas, en las Tres Mil Viviendas, el corazón del Polígono Sur, el barrio proscrito de Sevilla. 

“Casi todos son de ahí, aunque ahora están llegando muchos portugueses”, explica un vecino que prefiere no identificarse. Jaime, cuando consigue los diez euros, se va: “Yo no sé cuánto puedo sacarme al mes, sólo que si quiero conseguir algo [de droga], lo más barato son siete euros”. Santos de Dios, un vovis guineano de 47 años, se ve obligado a llamar muchos días a la Policía. “Y si éste [Jaime] no se va, la voy a llamar porque molesta a la gente y a nosotros; he tenido que echar a veces a más de diez”, se lamenta.

Santos, que lleva más de cinco años en España, considera que la solución es crear un centro de inserción social: “Así se quitan de la droga y dañan también a quienes la venden”. Jaime se va diciendo que los vovis también son ilegales cuando se le pregunta por la ordenanza.

En la calle Marqués de Paradas, en pleno centro de Sevilla, los gorrillas, aunque también con litronas en el suelo, son más refinados. Algunos desayunan todos los días junto a los vecinos a quienes exigen su impuesto –pese a estar a diez metros de distancia cuando aparcan e incluso con zona naranja y azul–. Sacan tabaco en la misma máquina que ellos, hablan por el móvil mientras esperan un hueco y al menos uno escucha música en su mp3.

La mayoría en esta zona son magrebíes. Están organizados y cuando uno se salta las reglas, discuten a gritos. Los fines de semana suelen dar su particular concierto de música árabe. Si pasan ciudadanos cerca de sus puestos, suben el tono. La semana pasada, en el centro comercial Plaza de Armas, una señora dejó que uno se colara en la caja de un supermercado. “No quiero tener problemas con él cuando aparco”, comentó. Compró vino.