Archivo de Público
Viernes, 29 de Abril de 2011

El PP intenta apartar a Pedreira del 'caso Gürtel' en vísperas electorales

Los tres imputados que lograron su escaño en la lista de Aguirre dimiten para perder ya su aforamiento ante el Tribunal Superior de Madrid

ALICIA GUTIÉRREZ ·29/04/2011 - 06:00h

Alfonso Bosch, Alberto López Viejo y Benjamín Martín Vasco en la Asamblea de Madrid. efe

Tras dos años compaginando su condición de parlamentarios madrileños elegidos por el PP con la de imputados en el caso Gürtel, Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco decidieron ayer hacer un último favor a su antiguo partido. A falta de un mes para las elecciones, los tres anunciaron su renuncia al escaño bajo el argumento de que así evitarán que su presencia en la Asamblea de Madrid se convierta en "argumento electoral".

Ninguno de ellos repetía en las candidaturas del PP, así que el 22-M habrían perdido de todos modos su aforamiento ante el Tribunal Superior de Madrid (TSJM). Pero, al adelantar su salida de la escena parlamentaria, aceleran la vuelta del caso, cuya instrucción se encuentra muy avanzada, a la Audiencia Nacional. Y lo hacen justo cuando el juez del caso en el TSJM, Antonio Pedreira, tenía previsto interrogar en plena campaña a 14 testigos y un nuevo imputado cuyas declaraciones se prevén comprometedoras. No obstante, el cambio de jurisdicción no será inmediato. Y fuentes del TSJM precisan que Pedreira no tiene por qué suspender las 15 declaraciones previstas entre los días 4 y 18 de mayo. Pero no está claro que Pedreira, extremadamente garantista, quiera dar pasos activos tras la pérdida de aforamiento de los tres parlamentarios.

La renuncia llega justo antes de la fecha de varias declaraciones clave

Testigos citados

Entre los testigos llamados a desfilar ante Pedreira figuran el extesorero del PP Rosendo Naseiro, protagonista a finales de los ochenta del primer gran escándalo de financiación ilegal del PP; el arquitecto municipal de Boadilla (Madrid) que avaló una adjudicación manipulada para UFC y una concejala de ese municipio cuya área llevaba la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) por la que la red cobró medio millón al año.

Y está citado un nuevo imputado: Juan Fernández Caballero, gerente de la sociedad municipal de suelo de Arganda del Rey (Madrid). Allí, la red Gürtel logró el mayor pelotazo (13 millones para Francisco Correa) destapado hasta ahora. Se hizo con tan suculenta mordida gracias a una turbia operación urbanística fraguada a finales de 2004 y sobre la que Esperanza Aguirre había sido alertada. El aviso de lo que la trama preparaba partió de los entonces tesorero y gerente del PP nacional, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas. Dando nombres y apellidos, ambos advirtieron a Aguirre de que dirigentes del partido participaban en el amañado de una adjudicación de terrenos a la empresa Martinsa. Sobre ese extremo nunca ha sido interrogado Bárcenas, cuyo abogado ha pedido su sobreseimiento.

La inhibición de Pedreira en favor del juez Ruz no será automática

Un trámite sin fecha cerrada

Una vez quede certificada la renuncia de los tres parlamentarios imputados en el caso, y se prevé que la notificación llegue con máxima celeridad al TSJM tras aceptar hoy la Mesa de la Asamblea de Madrid sendas dimisiones, Pedreira debe seguir estos pasos: comunicar a la Sala Civil y Penal del Tribunal la nueva situación. Previsiblemente, la Sala le ordenará pedir opinión a todas las partes personadas, casi un centenar, sobre si procede que el juez se inhiba. A partir de ahí, Pedreira dictará su auto de inhibición en favor del tribunal donde se originó la instrucción, el Juzgado central número 5. Entre el comienzo de los trámites y la llegada del sumario a la Audiencia Nacional pueden transcurrir meses, aseguran fuentes del TSJM. Pero es posible que, aunque la ley le permita continuar instruyendo en tanto se resuelven los trámites.

En seis años, las empresas de la trama lograron contratos del Gobierno de Madrid y de ayuntamientos del PP por nueve millones de euros. De ellos, al menos tres millones procedieron de contratos otorgados a dedo por el Gobierno de Aguirre. El PSOE pidió hace meses la imputación de una treintena de altos cargos que firmaron pagos de contratos fraccionados: en la lista constaba el vicepresidente Ignacio González, que es aforado.

Los socialistas ven tras las dimisiones una estrategia del PP

Una petición pendiente

Fuentes de la Fiscalía confirmaron ayer que Anticorrupción no considera urgente pronunciarse sobre la solicitud de los socialistas para imputar a esos altos cargos. Y que no teme que el traspaso de la instrucción a la Audiencia implique una demora sustancial, dado lo avanzado de las investigaciones y el perfil "ágil" de Pablo Ruz, titular del juzgado central número 5, a donde volverá el sumario. Hace un mes, Pedreira pronosticó que la instrucción se cerraría antes de las elecciones de 2012.

Ayer, el líder del PSOE madrileño (PSM), Tomás Gomez, interpretó la decisión de los tres imputados de renunciar a su escaño como una maniobra que responde a instrucciones del PP "para favorecer alguna estrategia judicial". Gómez apuntó que esa renuncia le parece un hecho "grave" que revela que Aguirre "ha intentado engañar a España", informa Elena Herrera.

Que el triplete de imputados anunciaría ayer su dimisión era un hecho conocido por el PP desde, al menos, el miércoles. Los conservadores, que en octubre de 2009 expulsaron a los tres diputados, anunciaron ese día a los miembros de la Mesa que el viernes habría una reunión. Las cartas de renuncia llevan fecha del 27 pero no se registraron hasta ayer.

El PP reprocha al PSM contar con varios imputados

El PP acusó ayer a los socialistas madrileños de contar con tres condenados y seis imputados en sus listas electorales, lanzando sospechas sobre las candidaturas del PSM para contrarrestar la presencia de diez candidatos conservadores encausados.

Los conservadores denunciaron la presencia de Mariano Arévalo González, alcalde de Carabaña -que repite candidatura municipal y va en la lista autonómica-, José Miguel Govantes, número dos por Pinto y Natalia de Andrés, segunda en la lista de Alcorcón.

Arévalo está condenado por no presentar las cuentas municipales de los últimos diez años, según el PP. Los socialistas aseguraron ayer que cumplió con este trámite el 18 de abril.

Govantes está, según el PP, condenado por acoso laboral a un empleado municipal. "Es falso", según el PSM, que afirma que simplemente compareció como testigo.
Natalia de Andrés fue condenada por injurias contra el portavoz del PP en su Ayuntamiento en el transcurso de un pleno municipal.

Además, el PP denuncia los casos de Isabel Peces-Barba Martínez y María del Carmen Toledano Rico (candidatas a la Asamblea), imputadas por prevaricación, como Cristina González, José María Fraile, Manuel González Rojo y Hans Antón Bock, que figuran en distintas listas municipales.

Desde el PSM replicaron al PP asegurando que sobre "ninguno" de sus candidatos recaen "acusaciones de prevaricación, cohecho o malversación", y acusaron al partido de Esperanza Aguirre de "rebuscar imputados" para "distraer la atención" sobre sus propias listas.