Viernes, 15 de Abril de 2011

El PP vincula la doctrina del TC a la "negociación con ETA"

Acusa a los jueces de "garantizar los derechos de los etarras" y culpa al Gobierno de la excarcelación de Troitiño

G. MALAINA / A. VÁZQUEZ ·15/04/2011 - 01:00h

El portavoz de Justicia del Partido Popular, Federico Trillo. ángel navarrete

El PP fue ayer aún más lejos en la utilización política de la lucha antiterrorista. Acusó directamente al Tribunal Constitucional (TC) de dedicarse a "garantizar los derechos de los presos" de ETA e insinuó que el Gobierno está detrás de la excarcelación de Antonio Troitiño.

El PP carga así contra el TC cuando es seguro que deberá decidir próximamente sobre el recurso de amparo de Sortu. Los magistrados progresistas del Supremo ya emitieron un voto particular a favor de su legalización, y se da la circunstancia de que la mayoría de los jueves del TC pertenecen a esta tendencia.

Los conservadores aprovecharon la puesta en libertad el miércoles del antiguo miembro del comando Madrid, tras cumplir 24 años en prisión de una condena total de casi 3.000 por 22 asesinatos, para arremeter contra el TC por su interpretación del cómputo de prisión preventiva en una sentencia de 2008 que, a la postre, ha permitido la salida de Troitiño de prisión.

El PP difundió un argumentario a todos sus dirigentes en el que llega a atribuir el cambio de "doctrina" del TC para "beneficiar a presos violentos" a las conversaciones del Gobierno y ETA durante el último proceso de paz.

Un caso de delito común

El fiscal recurre la excarcelación por el cómputo de las penas impuestas

Los conservadores incurrían en esa acusación en una serie de contradicciones. La más relevante es que la sentencia del TC que ahora el PP coge como bandera para cargar contra este tribunal ni siquiera se refiere al terrorismo, sino a un delito común. Su propio portavoz de Justicia, Federico Trillo, lo recordaba precisamente en una comparecencia en Madrid, al cuestionar cómo se le puede aplicar la misma doctrina a un preso de ETA, cuando, según explicitó, el caso dirimido en el TC era por "estafas y delitos" en Canarias. El PP tampoco dudó en atribuir la doctrina que emana esta sentencia del TC a la "negociación del Gobierno socialista con ETA", pese a que ni siquiera coinciden las fechas. La resolución judicial en cuestión fue dictada el 28 de abril de 2008, cuando ya había transcurrido más de un año de la ruptura del proceso de paz y el Ejecutivo mantenía una política de tolerancia cero con la banda y todo su entorno.

La tercera contradicción del PP radica en su doble discurso a lo largo del día. Mientras que el propio Trillo, en su comparecencia, afirmaba que había pleno acuerdo entre el PP y el Gobierno en política antiterrorista ("Si el Gobierno niega que hay negociación, yo le tengo que creer", dijo), en el argumentario se situaba la política del Ejecutivo detrás de la puesta en libertad de Troitiño.

La crítica más directa del documento interno de los conservadores, que recogía unas palabras del propio Trillo, era, sin embargo, para el TC. "Es una vergüenza que el Tribunal Constitucional, que tiene que garantizar los derechos fundamentales de los españoles, se dedique a garantizar los derechos de los etarras". El portavoz del PP en la Comisión de Interior del Congreso, Ignacio Cosidó, dijo, por su parte, que el Estado ha sido "excesivamente blando durante muchos años" con los terroristas, y propuso una reforma legal para endurecer las penas.

Trillo dice que hay plena sintonía antiterrorista entre el PP y el Gobierno

Después de la polémica jornada, a las ocho y media de la tarde, el PP envió a los periodistas que siguen al partido un mensaje por SMS que decía: "Para evitar dudas o confusiones, la postura oficial del PP en el caso Troitiño es la que expuso el portavoz en Justicia e Interior, Federico Trillo, en su intervención de esta mañana y recogida en la nota de prensa que hemos distribuido".

El PP no aclaró expresamente si este mensaje restaba valor a lo recogido en el argumentario ni a qué "dudas o confusiones" se refería.

Será, en cualquier caso, el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el que tendrá la última palabra sobre la excarcelación del miembro de ETA. El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, decidió abocar al pleno el recurso de súplica presentado por la Fiscalía contra la sorpresiva excarcelación, de la que el representante del Ministerio Público dice haberse enterado ayer mismo, porque no le había sido solicitado informe previo. Será el próximo día 25, cuando los 18 magistrados de lo Penal se reúnan para examinar los motivos que llevaron a la Sección Tercera a excarcelar al reo.

Los argumentos del fiscal

El fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista apela a la doctrina Parot para intentar la vuelta a prisión de Troitiño. Su argumento respeta el doble cómputo de la prisión preventiva, establecido el 28 de abril de 2008 por el TC en una condena incomparable a la de ningún etarra, porque ascendía a dos años y tres meses. El fiscal insiste en que "el límite de 30 años de prisión no constituye una nueva pena que sustituya a las anteriores, sino una limitación al cumplimiento efectivo de las penas" impuestas. Y la aclaración, que fijó el Tribunal Supremo al avalar la doctrina Parot, que obliga a que las redenciones previstas en el último Código Penal del franquismo, el de 1973, se apliquen en cada condena y no sobre el límite máximo de cumplimiento, no es baladí. De hecho, fue el criterio de la Sección Tercera para excarcelar el miércoles a Troitiño.

La Sala entendió que el etarra debía quedar en libertad al descontar de los 30 años de cumplimiento máximo fijados entonces ahora es de 40 el tiempo que pasó en prisión preventiva en dos periodos: entre 1988 y 1992 y entre 1997 y de 2000.

El fiscal Bautista señala que con la interpretación que hizo el Supremo de la doctrina Parot (el Constitucional aún no se ha pronunciado), "el abono de la prisión preventiva debería ser computada y aplicada para el cumplimiento de las penas impuestas, pero no sobre el límite de 30 años, sino al compás del cumplimiento de las penas impuestas en las tres distintas sentencias" dictadas en su día contra Troitiño.

"Es decir, explica el fiscal, una vez que el penado vaya cumpliendo las penas impuestas en la primera causa, en la que ha sufrido la prisión provisional, el siguiente periodo provisional se computará cuando, extinguidas las penas primeramente impuestas, comience a cumplirse la segunda sentencia". Y así sucesivamente "hasta alcanzar el límite de los 30 años, en que se declararán extinguidas las condenas que quedasen por cumplir".

Fuentes de la Audiencia Nacional calificaron de error la interpretación de la sentencia del TC realizada por la Sección Tercera y anunciaron que no habrá más excarcelaciones similares.

Se da la circunstancia de que la interpretación del Constitucional ya fue corregida con la reforma del Código Penal, el pasado diciembre, cuando el PP se abstuvo y no la apoyó. No obstante, la nueva norma no puede aplicarse con carácter retroactivo. En este contexto, los etarras Peio Reizabal, Fernando Luis Astarloa, Jon Urkizi, Andoni Alza, Jesús Gollaba y Francisco Gómez ya han iniciado los trámites para tratar de beneficiarse como Troitiño.

El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, aludió a la polémica generada por esta excarcelación para señalar que la aplicación de las penas las deciden los tribunales y el Gobierno debe respetar sus resoluciones: "No cabe nada más que decir".

La reforma del Código Penal que el PP no apoyó

El 29 de abril de 2010 fue aprobada la última reforma del Código Penal. Una de las modificaciones que introducía era la del artículo 58.1. La reforma salió adelante con la abstención del Partido Popular.

Antes de la reforma, el artículo decía: "El tiempo de privación de libertad sufrido provisionalmente será abonado en su totalidad por el juez o tribunal sentenciador para el cumplimiento de la pena o penas impuestas en la causa en que dicha privación fue acordada". Y la reforma añadió: "Salvo en cuanto haya coincidido con cualquier privación de libertad impuesta al penado en otra causa, que le haya sido abonada o le sea abonable en ella. En ningún caso un mismo periodo de privación de libertad podrá ser abonado en más de una causa". 

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