Archivo de Público
Viernes, 8 de Abril de 2011

El Tribunal de Cuentas fijará en una vista el daño causado al Estado por la medalla de Aznar

Los denunciantes cifran en 2,3 millones el perjuicio que se produjo a las arcas públicas

ÁNGELES VÁZQUEZ ·08/04/2011 - 08:20h

El expresidente conservador José María Aznar. getty

El Tribunal de Cuentas sigue avanzando en la investigación que inició en marzo del año pasado por el pago de 2,3 millones de euros a la empresa norteamericana Piper Rud-Nick para mejorar las relaciones de España con Estados Unidos. Con ese dinero, el lobby también hizo gestiones para que se concediera al entonces presidente, José María Aznar, la medalla del Congreso estadounidense.

La próxima diligencia será celebrar una vista, a la que están citados los denunciantes la asociación Preeminencia del Derecho y los abogados que la dirigen, José Luis Mazón y Encarnación Martínez Segado, el abogado del Estado y la Fiscalía, para fijar la liquidación provisional del posible perjuicio causado a las arcas del Estado. La fecha señalada es el 5 de mayo.

Pese a que el pago al lobby estadounidense se acordó en el Consejo de Ministros del 26 de diciembre de 2003, la denuncia considera responsable contable del desembolso del Estado al entonces presidente Aznar, por su condición y porque fue el beneficiario del reconocimiento.

El artículo 47 de la ley reguladora del órgano fiscalizador establece que se procederá a la "liquidación provisional del alcance, previa citación de los presuntos responsables, Ministerio Fiscal, letrado del Estado o, en su caso, legal representación de la entidad perjudicada, con mención expresa de la clase de valores, efectos o caudales públicos que pudieran haber sufrido menoscabo".

Por eso, al no constarles que el presunto responsable haya sido citado, los denunciantes preparan ya un escrito en el que solicitarán su comparecencia. José Luis Mazón declaró a Público que, en caso contrario, entiende que la vista fijada para mayo carecería de validez.

Sin más acusaciones

La denuncia, tras cuyo estudio el Tribunal de Cuentas declaró que "se podrían desprender supuestos de responsabilidad contable derivados de la adopción de decisiones de gasto y pago con presupuesto público", no cuenta con el respaldo del fiscal ni del abogado del Estado.

Ninguno de los dos ve responsabilidad contable en las gestiones realizadas entonces. Sostienen que fueron "perfectamente encuadrables en la asistenciacontratada".