Martes, 15 de Enero de 2008

Las clínicas abortistas estudian querellarse contra el juez

"El trato a las mujeres es inaceptable", denuncia ACAI

SUSANA HIDALGO ·15/01/2008 - 06:53h

El mal trago que han tenido que pasar las 25 mujeres que abortaron en febrero de 2007 en la clínica Isadora de Madrid y que han sido citadas por el juez Sierra a través de la Guardia Civil es "inaceptable" y atenta contra el derecho a la intimidad, según Marisa Castro, una de las portavoces del centro y vocal de la Asociación de Clínicas Acreditadas de Interrupción de Embarazo (ACAI). El cabreo no va a quedar en una simple declaración de intenciones, las clínicas quieren trasladar el asunto a los tribunales. "Nuestros servicios jurídicos estudian tomar medidas legales contra el juez Sierra por las malas formas en las que han sido tratadas 25 de nuestras pacientes", aseguró, tajante, Castro.

Tomás Moro

El juez José Sierra investiga supuestos abortos ilegales en la clínica Isadora a pesar de que el Instituto Anatómico Forense de Madrid ha determinado que los fetos analizados y recogidos en esta clínica no superan las 22 semanas, plazo dentro del límite legal para practicar un aborto. La denuncia parte de la asociación La vida importa, vinculada al Centro Jurídico Tomás Moro que ayer se despachó con un comunicado en el que acusaba a la clínica Isadora de albergar en sus contenedores los restos de "más de cien fetos mezclados con información confidencial sobre las pacientes".

Por eso, por "el acoso totalmente inaceptable" de las asociaciones pro vida y ahora del juez Sierra y "por la hipocresia de la derecha, que nos persigue políticamente", las clínicas abortistas han decidido poner el asunto en manos de sus servicios jurídicos: "Ya basta". "Abortar es un derecho democrático y queremos trabajar con normalidad", reclamaban ayer los empleados de Isadora, algo aliviados al conocer las palabras de apoyo de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

El respaldo del Ejecutivo central a las mujeres que han sido llamadas a declarar coincidió ayer con el fin de la huelga de los centros donde se practican abortos. La clínica Isadora abrió a primera hora sus puertas después de una semana de paro en protesta por la inseguridad jurídica que sufren los profesionales y las mujeres que interrumpen su emabrazo. La protesta ha supuesto que unas 2.000 mujeres no hayan podido abortar. En la sala de la clínica esperaban ayer 15 pacientes, la mayoría inmigrantes. Entre los empleados, abrazos de ánimo tras una semana "dura". "Es que llevamos 22 años de persecuciones y agresiones. Ya está bien", afirmaban. Las clínicas privadas realizan el 98% de los abortos que se hacen en un año y que en el año 2006 en España alcanzaron la cifra de 100.000.

En la recepción de la clínica Isadora, las trabajadoras atendían el teléfono con normalidad: "¿Cuándo tuviste la última regla?", "¿Te has hecho el test de embarazo?",e informaban de los precios: "320 euros con anestesia local y 410 con anestesia general".

Con la que está cayendo

"Las mujeres, a pesar de la que está cayendo, siguen pidiendo cita. A las mujeres no las para nadie. Pero ellas vienen con preocupación, ¡con una angustia añadida a este peregrinaje de escarnio!", exclama Marisa Castro en su despacho, y se va encendiendo cada vez que se acuerda de la manifestación del 30 de diciembre a favor de la familia en la plaza de Colón o de que aún están esperando mantener una reunión con los ministros de Sanidad y de Justicia. Los médicos abortistas exigen que el aborto salga del Código Penal.