Viernes, 1 de Abril de 2011

Una comisión de la ONU pide a México que retire al Ejército de las calles

EFE ·01/04/2011 - 04:44h

EFE - En su guerra contra el narcotráfico, el Gobierno mexicano ha desplegado a 45.000 soldados en estados conflictivos del país.

El grupo de trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) pidió hoy al Gobierno mexicano que considere "en el corto plazo" la retirada de la fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública.

Los expertos señalaron en una rueda de prensa que basaban su petición en un amplio número denuncias contra fuerzas castrenses y explicaron que esta recomendación forma parte de un informe preliminar cuyo texto final será dado a conocer en 2012.

Tras concluir una visita a México, el grupo de expertos señaló en el informe preliminar que las desapariciones forzadas en el país han sucedido en el pasado "y continúan ocurriendo en la actualidad".

"La lógica del Ejército y la Policía son diferentes y por lo tanto los operativos militares desplegados en el contexto de la seguridad pública deberían ser estrictamente restringidos y adecuadamente supervisados", dice el documento del GTDFI.

Añade que el personal militar no está entrenado para realizar actividades propias de la Policía o interactuar con civiles.

En su visita de 14 días al país, del 18 a este 31 de marzo, el Grupo de Trabajo recibió información diversa sobre el número de desapariciones forzadas: mientras que grupos civiles reportan 3.000 casos desde 2006, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señala que se ha pasado de 4 quejas en 2006 a 77 el año pasado.

"No es de extrañar que el número de quejas (por violaciones a los derechos humanos) recibidas por la CNDH relacionadas con la Secretaría de la Defensa Nacional haya aumentado de 182 en 2006 a 1.230 en 2008", agregó el documento.

El Gobierno del presidente Felipe Calderón, cuyo mandato inicio en 2006 y concluye en noviembre de 2012, estableció como estrategia central el combate al crimen organizado, en particular el narcotráfico, desplegando a miles de militares y agentes federales en distintos puntos del país.

En respuesta a la recomendación de la comisión de la ONU, el Gobierno mexicano expresó hoy que "examinará cuidadosamente las observaciones del Grupo de Trabajo para su implementación".

Sobre la actuación del Ejército en la lucha contra el narcotráfico, los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores dijeron en un comunicado que la escalada de violencia generada por el crimen organizado obligó al Gobierno a recurrir a las fuerzas armadas para que "participen de una manera subsidiaria, temporal y en regiones específicas del país".

El Grupo de Trabajo, integrado por Jasmina Dzumhur, Ariel Dulitzky y Osman El Hajjé, indicó que su propuesta de retiro del Ejército mexicano en el "corto plazo" de acciones de seguridad pública comprende que este debe darse de manera ordenada para que la Policía garantice la seguridad en aquellas zonas donde ha sido desplegado.

Los expertos visitaron Ciudad de México, Chihuahua y Ciudad Juárez (estado de Chihuahua), Acapulco, Atoyac de Álvarez y Chilpancingo (Guerrero) y Saltillo (Coahuila).

En su estancia encontraron que "no existe una política pública integral que se ocupe de los diferentes aspectos de prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de desapariciones forzadas".

Además, "pareciera no existir una coordinación vertical y horizontal entre las autoridades federales, locales y municipales, así como tampoco entre las autoridades del mismo nivel del Gobierno" para atender este delito, que por otra parte solo está tipificado como tal en siete de los 32 estados del país.

Esta última situación, dijo el grupo, contribuye a la impunidad.

Sobre el periodo de la "Guerra sucia" (represión contra activistas y guerrillas de izquierda entre 1960-1980), indicó que la CNDH investigó 532 casos de presuntas desapariciones forzadas y concluyó que en 275 se acreditó la existencia de la desaparición forzada.

Otras fuentes, dijo, señalan que en ese periodo hubo entre 797 (Fiscalía de Delitos del Pasado, ya desaparecida) y 1.350 casos.

El Grupo de Trabajo de la ONU encontró que entre la población vulnerable a este delito están mujeres, menores, inmigrantes, periodistas, activistas sindicales y defensores de los derechos humanos.