Archivo de Público
Viernes, 18 de Marzo de 2011

90.000 personas viven en el entorno de las centrales españolas

Dos protocolos de seguridad interior y exterior regulan las emergencias atómicas

NUÑO DOMÍNGUEZ / ESTHER CELMA / BELÉN TOLEDO ·18/03/2011 - 01:00h

Más de 90.000 personas viven en el radio de diez kilómetros en torno a las seis centrales nucleares que hay en funcionamiento en España. Ese radio define el perímetro en el que se desalojaría a la población si se produjera un accidente que liberase material radiactivo, según el Plan de Emergencia Exterior, la normativa que sirve de marco de actuación en caso de accidente. El desalojo en Japón ha sido en un radio de 20 kilómetros y EEUU considera que debería de haber sido de 80.

A partir de esa norma se han desarrollado cinco planes: Garoña (Burgos), Almaraz (Cáceres), Trillo (Guadalajara), Ascó y Vandellòs (Tarragona) y Cofrentes (Valencia). En total, hay 67 municipios dentro del perímetro, que se agrupan en la Asociación de Municipios en Áreas Nucleares (AMAC).

Las áreas nucleares españolas albergan 67 municipios de cinco comunidades

El protocolo de actuación en caso de incidente comienza dentro de la central. La empresa que la opera debe activar el Plan de Emergencia Interior y declara una categoría al accidente, según su gravedad. También debe comunicárselo al Consejo de Seguridad Nuclear y al delegado del Gobierno, que es quien debe decidir si activa un plan de emergencia exterior. Los planes, que llevarían a cabo Protección Civil, Guardia Civil y otros Cuerpos de Seguridad del Estado, detallan los perímetros que deben acotarse en cada nivel de emergencia y las medidas a tomar. Incluyen desde el control de los accesos a la zona hasta medidas urgentes como la protección de los ciudadanos de las zonas de riesgo, la restricción del agua y los alimentos para evitar la ingestión de comida contaminada y, en alerta máxima, la evacuación de parte de la población.

Garoña: El último simulacro de desalojo fue en 2002

"Vivo a cinco kilómetros de la central, si no me sintiese seguro ya me habría ido", explica Rafael González Mediavilla, alcalde del Valle de Tobalina. Este municipio burgalés agrupa 32 pueblos en torno a la central nuclear de Garoña, la más veterana de España en activo. Lleva 40 años funcionando y el Gobierno ha ampliado su vida hasta 2013.

En el valle viven unas 1.200 personas, según González. "La mayoría está a favor de la central", asegura.

En 2002, el valle vivió su último simulacro de accidente grave. Desde entonces, la normativa que rige la actuación en función de la gravedad del incidente ha sido renovada en 2009, según explicó ayer a Efe Berta Tricio, subdelegada del Gobierno en Burgos. Es Tricio la que debe coordinar la actuación ante un posible accidente en el que podría tener que evacuarse a vecinos en un radio de hasta diez kilómetros en torno al reactor en el peor de los casos. Tricio señaló que "no habría ningún inconveniente" en aumentar ese perímetro a 20 kilómetros, como en el caso de la central de Fukushima. Dentro de la central, los simulacros de accidente se realizan cada año, previo aviso del Consejo de Seguridad Nuclear.

No todos los vecinos están tan seguros de que los planes funcionen. "En el último ejercicio, sólo participó la gente que quiso hacerlo, y el número fue irrisorio", recuerda Agapito Suárez, que vive a 15 kilómetros de Garoña y es fundador de la Asociación de Vecinos Afectados por las Centrales Nucleares (Avaca). Suárez pide el cierre de Garoña. "Protección Civil no sabía ni encontrar el pueblo supuestamente afectado", añade.

Ecologistas en Acción y Greenpeace también cuestionan la validez de los planes de emergencia y critican que hay poca coordinación entre los municipios dentro de las zonas de emergencia, los Cuerpos de Seguridad y Protección Civil. "El plan de Burgos deja fuera partes de Álava que caen dentro del perímetro de emergencia", apunta Carlos Bravo, responsable de nucleares de Greenpeace.

Vandellòs: Los caminos de salida están llenos de escombros

Varios de los caminos adyacentes a la autovía A-7 en Vandellòs, ideados como vías de evacuación en caso de emergencia nuclear, se encuentran llenos de escombros que obstaculizan el paso. Al construir la autovía, el Ministerio de Fomento los dejó allí y "allí siguen, a pesar de que hemos pedido muchas veces que los vuelvan a dejar en condiciones", denuncia Josep Castellnou (CiU), alcalde del municipio que acoge la central de Vandellòs 2. "En el fondo, nunca pensamos que sucederá un accidente nuclear, pero Japón nos ha demostrado que sí es posible que ocurra. Habrá un antes y un después clarísimo", asegura Marià Vila d'Abadal, gerente de la Asociación de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares (AMAC).

Los cerca de 6.000 vecinos de Vandellòs no han ensayado nunca qué hacer si la central sufre problemas que afecten al exterior. En 1989, un incendio en Vandellós 1 desembocó en el cierre de la planta. Más de 20 años después "todo sigue igual, como si nunca pasara nada", dice Francisco Moragas, un vecino que vio cómo la nuclear estaba amenazada por un incendio forestal en 2007 que causó "un atasco monumental" en la autopista y colapsó la red de telefonía móvil. "Ya me dirás qué hacemos si pasa algo", denuncia.

Los sistemas de aviso por megafonía no están dimensionados a la población real. En la urbanización Infante ya se pidieron soluciones "porque algunas sirenas se ven rotas", cuenta un vecino. En el ambulatorio dicen tener 5.000 dosis de yodo, insuficientes para todos.

"Hay que terminar las infraestructuras y mejorar la operativa", coinciden el gerente de AMAC y el alcalde. Este último pide "que entrenen al personal de los hoteles y de los campings. Hay que tomar ejemplo de la organización japonesa". Además, asegura que usará la misma contundencia en la reunión que mantendrán los alcaldes de la AMAC con el Consejo de Seguridad Nuclear el próximo día 29.

Cofrentes: Una población poco informada

Los habitantes de Cofrentes no participan en un simulacro desde el año 1993. Existen planes y protocolos de prevención, pero sólo alcanzan al personal del Ayuntamiento y a la Guardia Civil, que reciben cursos de formación y participan en simulaciones de accidentes. La última tuvo lugar en 2008, e incluyó la revisión de los accesos al municipio, de 956 habitantes, y la comprobación de la disponibilidad de pastillas de yodo en el centro de salud.

El alcalde, Raúl Ángel, sería el encargado de pilotar una hipotética evacuación y se sabe al dedillo los protocolos. Cuenta, además, que la atención sobre la seguridad es continua, con reuniones anuales con el Consejo de Seguridad Nuclear o mediciones de radiactividad. Pero reconoce que "la información a la población no es exhaustiva".


Entre los vecinos consultados ayer, pocos sabían qué hacer en caso de emergencia. Sólo algunos tenían una vaga idea de que deben acudir a la parada de autobuses. "Nunca he recibido información ni instrucciones", confiesa Eva, que prefirió ocultar su apellido. La megafonía, además, funciona con "demasiado eco", según el alcalde.

La central lleva 27 años en funcionamiento. El miércoles, el Gobierno anunció una prórroga de diez años. La decisión fue recibida con satisfacción en el pueblo. "No encontraréis aquí a nadie que hable mal de la central nuclear, salvo, claro está, algún desaprensivo", resumió Carlos Correcher, presidente de la asociación de jubilados.

"Hay que entender que aquí todo el trabajo depende de la nuclear", explicó HilarioBaeza, concejal independiente. "Yo estoy a favor, lo que no está bien es que después de 30 años no se hayan aprovechado los beneficios para crear tejido productivo autónomo, independiente del dinero que la central paga al Ayuntamiento". El Consistorio recibe cuatro millones de euros al año, según Ángel. Con ese dinero crea 70 empleos directos e invierte en infraestructuras turísticas.