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Viernes, 11 de Marzo de 2011

El Supremo se reserva la última palabra en justicia universal

Ordena a la Audiencia Nacional tramitar el recurso contra el archivo del genocidio tibetano

ÁNGELES VÁZQUEZ ·11/03/2011 - 21:17h

El Tribunal Supremo entiende que debe ser él, "como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes", quien tenga la última palabra respecto a la jurisdicción de los tribunales españoles para aplicar la justicia universal. Por eso, ha ordenado a la Audiencia Nacional que tramite el recurso de casación presentado contra el archivo de la causa que investigaba crímenes de lesa humanidad contra el pueblo tibetano en los meses previos a los juegos olímpicos de Pekín.

El auto hecho público este viernes da un tirón de orejas a la Audiencia por negarse a tramitar el recurso de casación que planteaban el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Casa del Tíbet y Thubten Wangchen Sherpa Sherpa. Lo hace al declarar que lo que se dilucidará con el recurso no es una mera cuestión de competencia entre tribunales, sino de jurisdicción de los tribunales españoles. Es decir, de una de "las expresiones de la soberanía del Estado": su "potestad de juzgar".

El alto tribunal explica que en los casos en los que dos tribunales discuten la competencia de un asunto, siempre uno se ocupará de investigar lo ocurrido. Lo que no sucede cuando se entiende que la Justicia española no es competente para investigar crímenes cometidos en otro país.

Ninguna otra investigación

"Hoy en día no es viable jurídicamente plantear una cuestión de competencia con un tribunal extranjero pues no existe ningún mecanismo o instancia supranacional para la resolución del eventual conflicto positivo o negativo que pudiera plantearse", señala.

Eso quiere decir que el archivo de la causa acordado por el juez Santiago Pedraz, en aplicación del recorte de la jurisdicción de la Justicia española aprobado por el Congreso, en mayo de 2009, y que fue confirmado por la Sala de lo Penal, supone que "la resolución adoptada resuelve definitivamente la cuestión", porque nadie va a investigar los crímenes denunciados.

De ahí que "la excepcionalidad y especial importancia de la cuestión, en cuanto afecta a la extensión espacial de la jurisdicción de los tribunales del Estado español, harían razonable que la decisión final correspondiera al Tribunal Supremo".

Pese a dar la razón a los querellantes, que ya han anunciado que recurrirán cuanto antes, el auto no permite adelantar cuál será la última palabra del alto tribunal en relación con los crímenes cometidos contra el pueblo tibetano. Desde el recorte legislativo de la jurisdicción universal, sólo ha revisado un caso: un ataque israelí en Gaza. Confirmó el archivo, al entender que ya existía una investigación en Israel.