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Miércoles, 2 de Marzo de 2011

Los ecologistas paran el mapa eólico catalán

El Tribunal Superior de Catalunya frena de forma cautelar su implantación en siete zonas

DANI CORDERO ·02/03/2011 - 01:00h

La implantación de energía eólica en Catalunya se frenó ayer otra vez en seco. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) decidió suspender de forma cautelar el mapa eólico aprobado por la Generalitat en junio pasado y adjudicado a diferentes grupos promotores en octubre. El Alto Tribunal catalán respondía así al recurso interpuesto por dos plataformas ecologistas del Empordà, que denuncian que la normativa salió adelante sin la preceptiva tramitación de impactoambiental.

Los juristas de la Generalitat analizan ahora el auto para elaborar un informe y decidir la estrategia judicial que seguirá el Govern. Mientras, los responsables de las entidades Salvem l'Empordà y de la Associació Respectem l'Albera, responsables del contencioso-administrativo, celebraban ayer la decisión judicial, que paraliza todo el acuerdo del Gobierno catalán pese a que se instó con referencias a la zona de desarrollo preferente del Empordà.

El TSJC deberá decidir también si el Govern tuvo en cuenta la opinión de los ciudadanos y si la instalación de molinos de viento en elEmpordà afectará alguna zona de impacto ecológico.

El mapa eólico fue el instrumento utilizado por el anterior Govern, con el compromiso de CiU de respetarlo, para impulsar las energías renovables en Catalunya y poder alcanzar los 3.500 megavatios (MW) de potencia instalada en 2015. Las siete zonas ahora recurridas, repartidas por 11 comarcas catalanas, tendrán una potencia de 769 MW, el equivalente a la energía consumida por medio millón de hogares.

En la decisión, el magistrado pone en cuestión el cumplimiento de la construcción y la conexión eléctrica de los parques, que estaban previstas entre 2013 y 2015. Las compañías que se adjudicaron los siete concursos sacados a licitación, agrupadas en uniones temporales de empresas, se han comprometido a invertir 1.200 millones de euros. Sus ofertas, además de condiciones económicas y técnicas, también obligaban a realizar inversiones en el territorio.