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Lunes, 3 de Enero de 2011

La Cámara vasca empieza a estudiar el caso de cohecho con una incomparecencia

EFE ·03/01/2011 - 18:08h

EFE - Esta mañana se ha reunido la comisión especial de investigación de presuntas irregularidades en los departamentos de Cultura e Industria y sobre presunto espionaje por parte de agentes de la Ertzaintza, con la comparecencia de un funcionario del departamento de cultura del Gobierno Vasco. En la imagen, el presidente de la comisión, Juanjo Aguirrezabala (d), en los pasillos junto al funcionario compareciente.

La comisión de investigación del Parlamento Vasco que estudiará las responsabilidades políticas derivadas de los presuntos casos de cohecho y espionaje político en Álava, en los que están imputadas personas vinculadas al PNV, ha comenzado hoy sus trabajos con la incomparecencia de uno de los citados.

El ex concejal del PNV en Leioa (Vizcaya), Iñaki San Juan, administrador de las empresas Errexal y Ortzi Muga, beneficiarias de contratos presuntamente irregulares con el Departamento de Cultura, no ha acudido hoy a la comisión de investigación de la Cámara que le había llamado a declarar, por lo que se puede enfrentar a un delito de desobediencia.

Sí ha comparecido un funcionario del Departamento de Cultura, que ha aportado información técnica sobre el funcionamiento de la Administración.

Al término de la reunión, el presidente de la comisión de investigación, Juanjo Aguirrezabala (EA), ha anunciado que darán una segunda oportunidad a San Juan y si no comparece ante la comisión el próximo 17 de enero, el Parlamento Vasco pondrá el caso en manos de la Fiscalía.

Ha recordado que las personas a las que la comisión ha llamado a declarar están obligadas a acudir al requerimiento, aunque solo sea para hacer acto de presencia y acogerse a su derecho de no responder a ninguna de las preguntas de los grupos.

Aguirrezabala ha advertido de que si otras personas no acuden a la llamada de la comisión, se les notificará una segunda citación y en el caso de que no se presenten tampoco esa vez, comunicarán el caso directamente a la Fiscalía para que actúe en consecuencia y les aplique el artículo 502 del Código Penal, que juzga estos casos como "delitos de desobediencia".

En el caso de las autoridades y cargos públicos, el delito está penado con una pena de suspensión de empleo y cargo público por un período de seis meses a dos años, ha señalado Aguirrezabala.

Ha recordado que pasado mañana, 5 de enero, están citadas a declarar Ainhoa Bilbao y Araceli Bajo, imputadas en el supuesto caso de corrupción y cohecho de Álava que está en los tribunales.

Bilbao es mujer del ahora ex diputado foral de Administración Local, Alfredo de Miguel (PNV), también imputado, y Araceli Bajo, esposa de otro de los acusados, Aitor Tellería (ex director del CEIA), también del PNV, ambas citadas a declarar en representación de la sociedad Kataia Consulting.