Miércoles, 9 de Enero de 2008

La defensa de dos ex presos acusa a España de interrogarlos en Guantánamo

EFE ·09/01/2008 - 10:22h

EFE - El ex preso de la base militar de Guantánamo Jamil El- Banna posa junto a sus hijos, (i-d) Mohamed 10, Abdul 8, Mariam 5, Anas 11, Badeeah 7, cerca de su residencia en Londres, Reino Unido, el pasado 21 de diciembre.

El abogado de los dos ex presos de la prisión de Guantánamo (Cuba) acusó hoy a España, que los reclama por su presunta pertenencia a una célula de Al Qaeda, de haber interrogado a ambos hombres en esa polémica base estadounidense.

Jamil Al Banna, jordano de 45 años y residente en Londres, y Omar Deghayes, libio de 38 y residente en Brighton (sur de Inglaterra), comparecieron hoy ante el londinense Tribunal de Westminster en una vista sobre la extradición solicitada por España.

"Las autoridades españolas están profundamente implicadas en el calvario (soportado por los antiguos reclusos) de los últimos cinco años", aseguró Edward Fitzgerald, abogado de los imputados, durante una sesión en la que las partes expusieron sus argumentos.

"Ellos (las autoridades de España) consintieron y facilitaron su interrogatorio en Guantánamo y, efectivamente, participaron en el proceso del interrogatorio", subrayó el letrado, sin precisar en ningún momento las fechas en que se efectuaron esos interrogatorios. Los imputados seguirán en libertad condicional bajo fianza -concedida en una audiencia judicial celebrada en diciembre pasado- hasta este 14 de febrero, cuando deberán asistir a otra vista en el mismo juzgado, según ordenó el juez instructor del caso, Timothy Workman.

Los presuntos terroristas fueron devueltos el 19 de diciembre al Reino Unido tras ser liberados de Guantánamo, donde permanecieron encarcelados hasta cinco años sin acusación formal ni juicio alguno.

Nada más pisar suelo británico, los sospechosos fueron detenidos en virtud de dos órdenes europeas de arresto (euro-órdenes) cursadas por el juez español Baltasar Garzón por su supuesta pertenencia a una célula de la red terrorista Al Qaeda en España.

Garzón solicitó la entrega de Al Banna y Deghayes por su presunta vinculación con un brazo de Al Qaeda desarticulado en 2001 en España, liderado por el español de origen sirio Imad Eddin Barakat, alias "Abu Dahdah", y relacionado con los atentados terroristas perpetrados el 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos.

Durante la vista de hoy en el Tribunal de Westminster, Fitzgerald afirmó que España "no dio los pasos adecuados" para poder enjuiciar a los dos ex reclusos en el país ibérico.

El abogado tildó la iniciativa de Garzón de "injusticia obvia" y "abuso de poder" por pedir extraditar a Al Banna y Deghayes, "después de haber sido exonerados por las autoridades de EEUU" y "después de que la policía inglesa dijera que no desea formular cargos".

Además, Fitzgerald indicó que "hay pruebas de peso" de que España permitió el uso de su espacio aéreo cuando el jordano y el libio fueron trasladados en 2002 desde Bagram (Afganistán) a Guantánamo, tras ser detenidos el primero en Gambia y el segundo en Pakistán.

El letrado fue aún más lejos y reclamó a las autoridades españolas la divulgación de toda la información relevante acerca de esos supuestos vuelos sobre el espacio aéreo español y de su presunta implicación en el interrogatorio de ambos sospechosos.

La defensa también alega dudas sobre la idoneidad física y mental de los imputados para afrontar un juicio tras su larga reclusión en Guantánamo, así como la supuesta violación de sus derechos humanos y presuntos defectos formales de las euro-órdenes firmadas por Garzón.

Por su parte, el representante de la Fiscalía británica y de las autoridades españolas, David Perry, calificó de "prematuras" las presunciones de Fitzgerald, y remarcó que España es "un probado socio de valor y confianza".

Aparentemente relajados, Al Banna (ataviado con una camisa amarilla y una chaqueta y con su barba cana recortada) y Deghayes (de camisa azul y chaqueta oscura) siguieron las deliberaciones detrás de una mampara y con la ayuda de una intérprete.

Los imputados, en libertad bajo una fianza de 69.500 euros (103.700 dólares) cada uno pagados parcialmente por la actriz y defensora de los derechos humanos Vanessa Redgrave, deben cumplir un toque de queda, vivir en sus domicilios y portar un dispositivo electrónico hasta su comparecencia en febrero ante la Justicia.