Martes, 8 de Enero de 2008

Clos reitera que mantendrá las condiciones a Enel para comprar Endesa

EFE ·08/01/2008 - 23:02h

EFE - El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos (i), y el presidente de Telefónica, César Alierta, tras firmar un convenio para el impulso de la Sociedad de la Información en España.

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, reiteró hoy que España mantendrá las condiciones impuestas a Enel y Acciona para adquirir Endesa y auguró que la disputa entre la Comisión Europea (CE) y España la resolverá el Tribunal de Luxemburgo.

Durante una conferencia de prensa en la que explicó un acuerdo entre Telefónica e Industria dentro del Plan Avanza, el ministro indicó que el Gobierno considera que la posición española es válida y circunscribió el enfrentamiento con Bruselas al ámbito jurídico.

Según explicó, el Tribunal de Luxemburgo será el encargado de "clarificar" hasta donde llegan las competencias de los Estados miembros y las de la Comisión Europea.

Además, Clos recordó que Enel ha aceptado las condiciones dictadas por Industria y que los expedientes abiertos por el Ejecutivo comunitario contra España por las condiciones a la opa no afectan a la operación, que se cerró el pasado mes de octubre.

El Gobierno español ha insistido en numerosas ocasiones en que los requisitos acordados para adquirir Endesa son proporcionales y justificados y se ajustan al derecho comunitario.

El pasado 5 de diciembre la CE se ratificó en su opinión de que algunas condiciones impuestas a la opa de Enel y Acciona contravienen la legislación europea y pidió su retirada antes del próximo 10 de enero.

El origen del enfrentamiento entre Bruselas y España está en la normativa aprobada en marzo de 2006 por la que se ampliaron las competencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y que permite al organismo pronunciarse de forma vinculante sobre operaciones empresariales si afectan a la seguridad del suministro energético.

Bruselas consideró esta norma contraria a la legislación comunitaria y abrió un expediente a España.

Desde que la CNE empezó a dictar resoluciones en el ejercicio de sus nuevas funciones, el Ejecutivo comunitario ha declarado ilegales todas las decisiones adoptadas tanto por el organismo que preside Maite Costa como por Industria que se amparan en aquella normativa.