Miércoles, 9 de Enero de 2008

El canon que se olvidó de los consumidores

El órgano defensor de los usuarios pide que se estudien otras opciones y que una sociedad pública vigile la distribución de lo recaudado

ANA TUDELA ·09/01/2008 - 05:16h

Francisca Sauquillo, presidenta del CCU. EFE

Al canon digital ya le buscan hueco en el Boletín Oficial del Estado para que cumpla su promesa de aparecer en las tiendas a mediados de enero. Los últimos dos trámites a los que obligaba la Ley de Propiedad Intelectual (los informes del Consejo de Consumidores y Usuarios y del Ministerio de Economía y Hacienda) están superados y esto ya no hay quien lo pare.

Pero en esos trámites, al gobierno le acaba de caer otro chorro de agua fría por empeñarse en una fórmula de compensación a los autores que va a encarecer en 1,5 euros cada móvil con música y en 3,15 euros cada reproductor mp3. No viene de Economía, que salvo algunas precisiones técnicas ha dado el visto bueno a la propuesta.

Es el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) quien ha trasladado a los ministerios responsables del canon (Industria y Cultura) su malestar por no haber sido consultado durante el año y medio que ha durado el proceso de definición de la tasa, aseguran fuentes cercanas al citado consejo.

El órgano consultivo, adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo y el más importante organismo de representación de las principales asociaciones de consumidores, no entiende cómo siendo una realidad que va a repercutir principalmente en los usuarios finales, no se les ha tenido en cuenta como interlocutores.

Y ya que les dejan hablar ahora, se han despachado. Según las citadas fuentes, en su informe el CCU recuerda que la compensación por copia privada no es obligatoria en la Unión Europea y ni siquiera es la misma ni afecta a los mismos dispositivos en los países que la han adoptado.

Lo que sí es, en su opinión, es injusta y poco equitativa, porque se aplica independientemente de si el consumidor utiliza el dispositivo para copiar derechos protegidos por las leyes de propiedad intelectual o no.

De hecho, el CCU pide que se estudien otras opciones para que la compra de un equipo no sea el acto al que se le asocie indisolublemente la compensación a los autores por las posibles copias de obras protegidas que se puedan hacer.

Esa fusión lleva a que los usuarios que no utilicen sus dispositivos para dichas copias, soporten injustamente el pago del canon. El CCU pide que sean los fabricantes, importadores y distribuidores quienes lo asuman y que no lo trasladen al consumidor cuando éste demuestre que no efectúa copias de obras protegidas. Es más, que se le reembolse lo que haya pagado en concepto de canon en caso de que lo acredite tras la compra.

Tampoco entiende el CCU cómo se ha fijado una cantidad anual mínima de 118 millones como recaudación, con una revisión de la tarifa que corrija el desvío que pueda producirse debido a un descenso en las ventas de dispositivos. Esto podría hacer que el canon se incrementase cuanta menos copia privada se haga, opinan desde el CCU.

Más transparencia de la SGAE 

La presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios, Francisca Sauquillo, explicó a Efe que el informe con los comentarios sobre el canon digital, trámite obligatorio por ley para su publicación en el BOE y su posterior entrada en vigor, fue entregado el pasado 27 de diciembre.

Entre los comentarios se incluye una petición que ya se convirtió en un clamor de la mayoría de los partidos políticos recientemente en el Congreso de los Diputados: la exigencia de una mayor transparencia de las sociedades que gestionan los derechos de autor y, por tanto, los ingresos derivados de partidas como el canon digital.

El CCU pide que se controle y haga pública la labor de estas entidades (que tienen en la SGAE su cabeza más visible), sus fórmulas para distribuir entre los autores lo que ingresan y su labor inspectora.

Asimismo, tal y como pidió Izquierda Unida en la Cámara Baja cuando se debatió por última vez el canon (con la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información) el CCU introduce de nuevo la idea de que sea una entidad pública quien se encargue de la recaudación, tal y como se hace en otros países de la Unión Europea.

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