Martes, 8 de Enero de 2008

El fiscal apoya ahora investigar responsabilidades en el Yak-42

Zaragoza argumenta que "los militares fallecidos merecen un acto de Justicia" de la Audiencia

ÁNGELES VÁZQUEZ ·08/01/2008 - 18:59h

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, optó por defender en persona el cambio de criterio del Ministerio Público en el caso del Yak-42. A pesar de no haber recurrido el auto de junio del año pasado, con el que el juez Fernando Grande-Marlaska archivó la investigación relativa a la responsabilidad del Ministerio de Defensa en la contratación del avión en el que murieron 62 militares españoles, durante la vista celebrada ayer apoyó con contundencia los recursos presentados por las acusaciones personadas en la causa.

"Los militares fallecidos merecen un acto de Justicia que les puede dar este tribunal, investigando hasta el final si hubo cualquier responsabilidad", aseguró el fiscal jefe.

Zaragoza explicó "el cambio de postura de la Fiscalía" esgrimiendo tres razones, que una vez expuestas, hacen difícil entender por qué el fiscal no recurrió en su día la resolución revisada ahora. La primera es que es "contradictoria" con el auto de la Sala de lo Penal que en 2004 obligó a la entonces instructora, la juez Teresa Palacios, a aceptar la competencia para investigar lo ocurrido. La segunda es que es un auto "incorrecto", porque dicta el "sobreseimiento libre" -que tiene la firmeza de cosa juzgada-, cuando debería haber sido "sobreseimiento provisional", por si en el futuro aparecen nuevos indicios que permitan concretar más responsabilidades a investigar.

El último argumento del fiscal es que el auto del juez Grande-Marlaska vulnera "clara y meridianamente" el derecho a la tutela judicial efectiva de los familiares de las víctimas.

Ni una diligencia en un año

En su opinión, el juez "no ha practicado ni una sola diligencia durante un año" para investigar los hechos denunciados y determinar si algún responsable militar o ministerial asumió el papel de "garante" del contrato firmado por Defensa para el transporte de los militares españoles fallecidos al regresar a España, tras una misión humanitaria en Afganistán, el 26 de mayo de 2003.

"Sin entrar en el fondo", es decir, sin asegurar que hubo responsabilidad en el accidente, el fiscal jefe sostuvo que se deben realizar las pruebas solicitadas por las acusaciones, para confirmarlo o negarlo.

El resto de sus argumentos coincidieron con los de los abogados Leopoldo Gay, que ejerce la acusación en nombre de la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Yak-42, y Leopoldo Torres, en representación de dos viudas. Destacan que la compañía que realizó el vuelo, UM Air, ha sido excluida de estos vuelos por falta de seguridad, la caja negra y el control del combustible estaban estropeados y el personal estaba ebrio. Además, Defensa pagó 149.000 dólares por el viaje, pero se perdieron en subcontrataciones hasta los 38.422 que recibió UM Air.

La defensa del entonces secretario de Estado de Defensa, Fernando Díez Moreno, criticó el cambio del fiscal y comparó la falta de investigación -que él niega- con "lo que dicen algunos medios sobre el 11-M". "Pues si lo quieren saber, ya lo saben. Fue la tripulación Chapman Freeborn y UM Air", espetó a las familias.