Martes, 1 de Enero de 2008

El PP descarta derogar los matrimonios gays

Los conservadores optan por dejar el futuro de la ley en manos del Tribunal Constitucional. Tampoco modificarán la ley del aborto, la otra norma que lanzó a los obispos a la calle. 

FERNANDO GAREA ·01/01/2008 - 19:45h

Francisco Granados, Jaime Mayor Oreja, Juan Cotino y Gotzone Mora, en el acto del domingo. GABRIEL PECOT

El programa electoral del PP no propondrá expresamente la derogación de la ley de matrimonios homosexuales, según fuentes de la dirección de este partido. No obstante, la decisión no es definitiva y podría revisarse antes de que se cierre definitivamente el programa electoral, sobre todo, porque hay opiniones contradictorias en la cúpula del PP.

Los redactores de la oferta electoral del partido conservador se inclinan por dejar la decisión en manos del Tribunal Constitucional. Es decir, que sea esta institución quien al resolver el recurso planteado por el Grupo Parlamentario Popular decida si la ley promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero debe seguir en vigor.

De esta forma, solucionarían el debate que ya se produjo cuando se presentó el recurso. Dirigentes tan notables como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se pronunciaron contra ese recurso y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ofició una boda de un militante del PP con su pareja del mismo sexo.

Dicho de otra forma, si el alto tribunal rechaza el recurso del PP y entiende que la ley no contradice el artículo 32 de la Constitución, un Gobierno presidido por Mariano Rajoy no tiene previsto derogar la norma de los matrimonios homosexuales.

Es decir, la situación sería parecida a la que ocurrió en su momento con la ley que despenaliza el aborto, que fue recurrida por el PP (entonces AP) al Tribunal Constitucional, pero luego no fue modificada por este partido cuando gobernó. De hecho, en los programas electorales del PP, incluido el del próximo 9 de marzo, nunca ha figurado la derogación de esa ley del aborto.

Ni lo intentó siquiera José María Aznar cuando tuvo mayoría absoluta. El PP llevó en su programa de 2004 la elaboración de una ley de parejas de hecho. También el PSOE lo proponía en su programa, pero consideró luego que, una vez regulado el matrimonio entre parejas del mismo sexo, carecía de sentido una norma de este tipo.

Educación para la ciudadanía

La anulación o derogación de la ley de matrimonios homosexuales tendría efectos impredecibles, puesto que supondría eliminar los derechos a los que ha dado lugar esa norma y que ya están en vigor. Por ejemplo, los de pensiones, los de pago impuestos, los de cobro de herencias, etcétera.

El PSOE ya vaticinó en 2006 cuando se aprobó la ley de matrimonios homosexuales que esta norma se consolidaría en España y que el PP terminaría por aceptarla cuando gobernara.

Se da la circunstancia de que el acto celebrado el domingo en Madrid por la cúpula de la Iglesia tenía como objetivos teóricos protestar contra la Ley de matrimonio homosexual y contra la Ley del Aborto.

Su tercer argumento era la Educación para la Ciudadanía, que sí figurará en el programa del PP como susceptible de ser derogado, según fuentes de la dirección de este partido.

En el PP aseguran que no hay decisión tomada sobre la Ley de Igualdad, también recurrida ante el Constitucional. Previsiblemente, también esperarán a la sentencia.

La pelota, en el tejado del Constitucional

En España

El PP recurrió la ley de matrimonios homosexuales por considerar que vulneraba el artículo 32 de la Constitución. Éste dice que “el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos”. El PSOE considera que ese precepto no especifica si el matrimonio debe ser o no entre personas del mismo sexo.

En Europa

La Constitución Europea que no llegó a entrar en vigor pero se votó en referéndum señalaba en su artículo 69 que se “garantizan el derecho a contraer matrimonio y el derecho a fundar una familia según las leyes nacionales que regulen su ejercicio”.