Lunes, 17 de Mayo de 2010

El puzle de Carlos Dívar

El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ intenta desactivar la bomba Garzón-Varela evitando salpicaduras

ERNESTO EKAIZER ·17/05/2010 - 08:30h

Todo parecía encajar para que el pasado viernes, día 14 de mayo, la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras la suspensión cautelar esa misma mañana del juez Garzón por el pleno, diera luz verde a su petición de servicios especiales para presentase en la Corte Penal Internacional. Pero la doble condición de Carlos Dívar, en tanto que presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, llevó a descartar una solución relámpago. Dívar está dispuesto a desactivar esta bomba, pero necesita preservarse so pena de que el tic tac comience a contar también para él.

El hecho es que el equipo de Dívar en la presidencia del Tribunal Supremo le informó de que existe jurisprudencia de la Sala Tercera, contencioso-administrativa, por la cual sería difícil aplicar a un juez suspendido en sus funciones el pase a régimen de servicios especiales. Dívar decidió, pues, aplazar la decisión y solicitó a sus colaboradores en el CGPJ un dictamen jurídico sobre el caso. Y, al tiempo, mantuvo contactos con el fiscal general del Estado, Cándido Conde- Pumpido, para que la fiscalía presente un informe sobre el tema.

Dívar busca ahora la fórmula para autorizar la marcha de Garzón a La Haya

Dívar estima que como la fiscalía ya elaboró un documento sobre si procedía la suspensión cautelar sin la existencia de un auto de apertura de juicio oral por el hecho de que el juez Garzón estuviera imputado en tres causas, procede ahora que se pronuncie sobre los servicios especiales. La razón de fondo es otra: Dívar está buscando la mayor cobertura para autorizar en la comisión permanente el pase de Garzón a "servicios especiales", fórmula administrativa bajo la cual ejercerá como asesor externo en La Haya.

La Fiscalía General del Estado elaborará ese informe con la jurisprudencia en la mano. La comisión permanente del CGPJ se reunirá mañana en Burgos, pero sólo volverá a abordar el tema si cuenta con los documentos encargados.

¿Por dónde irá el informe de la Fiscalía? Una pista la dará hoy la Fiscalía del Tribunal Supremo. Porque si bien esta pidió el sobreseimiento de la causa para evitar el banquillo, nunca renunció a presentar escrito de calificación caso de que se abriera el juicio oral. Por eso, el magistrado Varela dio traslado de su auto de apertura de juicio oral el pasado miércoles a la fiscalía para que esta formule su posición. El escrito de calificación pedirá la absolución del juez y aclarará, de paso, el sentido de su suspensión.

La suspensión no es incompatible con el régimen de servicios especiales

La suspensión de Garzón es provisional; esto es, no es que se le haya impuesto una pena. La primera afecta solamente a su actividad jurisdiccional como juez, habida cuenta de que, una vez sentado en el banquillo por presuntos delitos en el ejercicio de su función, se considera impresentable seguir dictando resoluciones. La segunda, la pena o sanción, en cambio, cuestionaría su condición de juez como tal. Por tanto, la suspensión no es incompatible con el régimen de servicios especiales.

Tribunal juzgador

Pero desactivada esta bomba, habrá otras de mayor alcance. El juez Varela quiere que la sala de cinco magistrados que admitió la querella y resolvió los recursos se convierta en el tribunal juzgador. Aunque invoca a la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que el artículo 57 dice es que la "Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conocerá" del enjuiciamiento de las causas de los magistrados de la Audiencia Nacional.

Varela quiere una sala prederminada para juzgar al magistrado

Varela, en cambio, quiere, según su auto de apertura de juicio oral, una sala predeterminada, con nombres y apellidos.

Toda recusación de magistrados debe plantearse desde el momento en que se conocen los hechos (composición del tribunal). La defensa de Garzón tendrá que estudiar si procede inmediatamente a recusar a la sala por haber entrado en temas de fondo de la causa y estar por ello contaminada, o espera el momento del señalamiento, con el riesgo de que se pudierainadmitir por extemporánea. Y, claro, ello obligaría a su vez a la Fiscalía del Tribunal Supremo a mojarse.

Pero todavía hay más. Toca abordar este asunto a la llamada Sala del 61 (en referencia al artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), entre cuyos cometidos está resolver "los incidentes de recusación del presidente del Tribunal Supremo, o de los presidentes de Sala, o de más de dos magistrados de una Sala".

¿Y saben ustedes, estimados lectores, quienes forman esta Sala del 61? La preside Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de Sala y el magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas. ¡Mucha tela para Dívar!