Archivo de Público
Lunes, 5 de Abril de 2010

El abogado de Correa estudia recusar a Pedreira por parcial

Asegura que el juez no fue imparcial al prorrogar en abril la intervención de las comunicaciones ordenadas por Garzón

EUROPA PRESS ·05/04/2010 - 17:49h

A. NAVARRETE - El juez Antonio Pedreira.

El abogado José Antonio Choclán, que defiende a Francisco Correa, baraja recusar al juez Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel en Madrid, por falta de imparcialidad con motivo de la prórroga que dictó en abril de 2009 sobre las intervenciones de las comunicaciones ordenadas por el juez Baltasar Garzón entre los imputados y sus letrados en prisión.

"La pérdida de imparcialidad está motivada en la prórroga de las escuchas por parte de Pedreira con la connivencia del Ministerio Fiscal", explicó Choclán. El letrado prevé impugnar este auto, del 10 de abril de 2009, al igual que lo hará el abogado Ignacio Pelaez, que representa al constructor José Luis Ulibarri.

Asimismo, Choclán criticó que el magistrado haya decidido mantener bajo secreto de sumario el contenido de las conversaciones grabadas en prisión "para preservar la intimidad" de los afectados, lo que les impedirá "conocer actuaciones que pueden ser nulas de pleno derecho".

Una parte de estas escuchas ya se destaparon cuando se levantó en octubre la primera parte del secreto de las actuaciones. Hace dos semanas, la Sala de lo Civil y Penal del TSJM anuló todas las escuchas intervenidas en la cárcel al considerarlas ilícitas.

Por otro lado, Choclán indicó que Correa no cuenta con dinero para pagar la fianza para eludir la cárcel, puesto que tiene "el 100% de sus bienes conocidos embargados". "Los bienes se tienen que tasar para saber si son suficientes para cubrir la fianza", apuntó.

El abogado de Correa conocerá mañana parte del contenido del sumario, una vez que su procurador acceda a las claves para entrar en el portal web donde se han volcado los 50.000 folios.

El levantamiento del sumario no incluye el contenido de las comisiones rogatorias ordenadas por el juez a un total de diez países para obtener datos sobre cuentas bancarias. Tampoco incluirá cuestiones que afecten a la intimidad personal de los imputados, así como asuntos que afecten al interés público.