El presidente venezolano, Hugo Chávez - EFE

Mientras se sustancian las órdenes internacionales de detención cursadas por el juez Eloy Velasco contra antiguos o actuales miembros de ETA residentes en Venezuela, se ha abierto un paréntesis judicial propicio para un debate cuyo título, por ejemplo, podría ser él siguiente: "El Gobierno de Hugo Chávez como asunto de política interna española".

Hasta tal punto Chávez se ha convertido en un problema interno que en su reciente visita a Bogotá, el líder del PP, Mariano Rajoy, recibió, ante las propias cámaras de televisión, una petición expresa del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, sobre este asunto. "Ayúdenos a no provocar a ese Chávez desde aquí por lo de la Audiencia Nacional", recomendó Uribe. "Vale", asintió Rajoy. En la rueda de prensa posterior, el líder del PP cumplió lo prometido cuando la prensa venezolana preguntó por el tema FARC-ETA y la presunta colaboración del Gobierno de Chávez con ambos grupos terroristas.

Dos días más tarde, el 22 de marzo, le tocó al ex presidente del Gobierno español, Felipe González, el turno para hablar sobre Chávez, en un seminario de la Universidad de Nueva York, bajo la fórmula de que el régimen venezolano se asemeja a un "caudillismo rural militar con una manguera de petróleo" y ridiculizó las propuestas del socialismo del siglo XXI que representa Chávez para salir de la crisis económica y financiera actual. José María Aznar, el 24 de marzo, volvía a atacar al Gobierno venezolano, desde Washington. "Las amenazas de Chávez contra sus pacíficos vecinos son descaradas", apuntó Aznar en una conferencia ante el Instituto Hispano del Congreso norteamericano, entidad con la que la Fundación FAES mantiene un acuerdo de colaboración. "Hay evidencia justificada de que el régimen de Chávez está acogiendo y protegiendo al grupo terrorista ETA, responsable de la muerte de mil personas y que trató de asesinarme", añadió.

Se dirá que hay un antes y un después en el cruce de descalificaciones al Gobierno de Chávez. Es decir: que todo ha cambiado después del auto del juez Eloy Velasco en el que se hace una alusión estilo obiter dicta (es decir, de pasada, sin motivar o para usar el verbo utilizado por Aznar, sin "justificar") al apoyo del Gobierno venezolano a la colaboración FARC-ETA. Pero no es así.

La cruzada de Aznar contra Chávez es muy antigua. Se remonta, de creer al sumario del caso Gürtel, a la mismísima campaña electoral de 1998, cuando Aznar mandó como enviados suyos a Alejandro Agag, Pedro Arriola, Francisco Correa y Francisco García Diego, en una misión de apoyo a la candidata de la ex Miss Universo Irene Sáez contra Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de Venezuela. Los indicios apuntan a que fue la compañía Repsol la que pagó a una sociedad de Correa el coste del viaje, que ascendió a 126.000 euros.

Declaración conjunta

Después de mantener cordiales relaciones con Chávez durante tres años (ventas de armamentos de España a Venezuela, mediante), al estallar un golpe de Estado en abril de 2002 contra Chávez, Aznar se puso en contacto con el Departamento de Estado norteamericano. El entonces secretario de Estado para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, mantuvo hasta seis conversaciones telefónicas con el secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Sur, Otto Reich, tras lo cual el Gobierno de Aznar cursó instrucciones al embajador español Manuel Viturro de la Torre para ponerse en contacto con su par norteamericano, Charles Shapiro. Ambos difundieron una declaración conjunta de reconocimiento virtual del nuevo presidente, Pedro Carmona, a quien visitaron en el palacio presidencial de Miraflores.

La cruzada de Aznar, la política de su sucesor en el PP, Mariano Rajoy, y las recientes matizaciones de Felipe González dan fe de que Chávez se ha convertido en un arma arrojadiza de la política interna. Ahora bien, más allá de lo que cada uno opine sobre Hugo Chávez y su Gobierno, no parece legítimo que políticos en ejercicio, aunque sea porque se dedican a dar conferencias, pretendan usar la institución de facto de ex presidente del Gobierno español para amparar descalificaciones, críticas y ataques a un presidente en ejercicio, exigiendo un respeto rayano en la impunidad cuando a su vez este último incurre en descalificaciones y críticas políticas contra ellos.