Jueves, 11 de Marzo de 2010

Aguirre aplaude que Canarias prohíba las corridas de toros

La presidenta de Madrid defiende que cada autonomía decida su normativa taurina

YOLANDA GONZÁLEZ ·11/03/2010 - 00:20h

Esperanza Aguirre, ayer en Madrid. - edu parra

La Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para declarar las corridas de toros como Bien de Interés Cultural (BIC). Una actitud que no impide que su presidenta, Esperanza Aguirre, se muestre conforme con que este tipo de espectáculos sean ilegales en Canarias, comunidad en la que el conservador José Manuel Soria es socio de gobierno de Paulino Rivero (Coalición Canaria).

Preguntada ayer en rueda de prensa sobre si, a su juicio, sus compañeros de partido en el archipiélago deberían iniciar los trámites para permitir las corridas de toros, Aguirre prefirió no ahondar en la polémica. Según argumentó, el Estado autonómico permite que, "de acuerdo con la Constitución", cada comunidad tenga "competencias plenas para tomar la decisión que le parezca oportuno". Por ello, dijo no tener "absolutamente nada que decir", puesto que el Ejecutivo canario tomó esta decisión en el ejercicio de sus propias competencias. Eso sí, Aguirre dejó muy claro que, también basándose en sus competencias, Madrid "ha iniciado el expediente para declarar los toros Bien de Interés Cultural".

Polémica en Catalunya

Esta decisión, tomada hace una semana en el Consejo de Gobierno regional, llega en plena polémica por la posibilidad de que se prohíban las corridas de toros en Catalunya.

En Canarias, una ley autonómica del año 1991 prohibió la utilización de animales en fiestas y espectáculos que conlleven sufrimiento o maltrato. El PP la respaldó con su voto. No obstante, antes de esta iniciativa, ya no se celebraban corridas de toros en las islas, debido a la escasa afición en la autonomía.

Por otra parte, el PP de Extremadura anunció ayer su intención de llevar a la Cámara autonómica una iniciativa para declarar también que los toros sean BIC en la región. Con esta iniciativa, los conservadores extremeños se suman a las propuestas de Madrid, Murcia y Comunitat Valenciana, con la diferencia de que en Extremadura el PP no ocupa puestos de gobierno.