Lunes, 1 de Marzo de 2010

El Gobierno asume el papel de dar créditos a las pymes

En el documento del Ejecutivo con medidas anticrisis se propone, además, reducir la morosidad de las administraciones

ANA TUDELA ·01/03/2010 - 18:33h

EFE - La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado.

La banca provocó la crisis, y fue la primera en recibir ayudas públicas con el argumento de que, si no, tras ella caería el resto de la economía, y por la necesidad de reactivar el flujo del crédito. Pero los préstamos siguen sin llegar a las pymes y a los autónomos, piezas fundamentales de la economía y el empleo en España, y que han sido los grandes perjudicados. El Gobierno quiere poner fin a la situación pactando con el resto de las fuerzas políticas una medida que recuerda a la banca estatal, para que el sector público sustituya a los bancos privados hasta que vuelvan a conceder créditos.

Así lo anunció ayer la vicepresidenta económica, Elena Salgado, como una de las medidas estrella que el Gobierno quiere pactar con los partidos políticos en un plazo "máximo de dos meses" para recuperar "el crecimiento económico y la creación de empleo". Un debate que se iniciará el próximo miércoles con el Partido Popular, a quien el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero reclama especial implicación "como partido de gobierno que ha sido y aspira a ser".

El ICO aportará los fondos, decidirá y asumirá el 100% del riesgo

El instrumento que quiere utilizar el Gobierno para abrir un grifo alternativo de financiación será el Instituto de Crédito Oficial (ICO). La entidad pública ya ha sido fundamental en medidas anteriores tomadas por el Ejecutivo en la crisis actual. El ICO incrementó un 29% el volumen de créditos concedido en 2009 respecto al ejercicio anterior al alcanzar 19.331 millones de euros.

La diferencia es que esta vez los créditos serán directos. El ICO otorgará los fondos, decidirá sobre la concesión y correrá con el 100% del riesgo. La banca privada se limitará a ejercer de ventanilla; en concreto, una entidad financiera de ámbito nacional, seleccionada por concurso, se encargará de la comercialización y cobrará por ello una comisión.

El objetivo que el Gobierno ha dejado plasmado en el documento entregado ayer a los partidos políticos resume en una frase la situación a la que la banca ha sometido a la estructura empresarial: "Con esta línea se conseguirá que toda pequeña empresa solvente cuente con financiación", explica el texto.

Una entidad privada será elegida por concurso sólo como intermediaria

A la hora de lograr un pacto, el problema es que cuando se habla de banca estatal, los defensores del liberalismo suelen levantarse en armas. Eso explica, por ejemplo, que los bancos estadounidense se apresurasen a devolver las ayudas públicas cuando vieron que el Estado pretendía intervenir en su gestión.

Para ahuyentar los temores de los defensores a ultranza del libre mercado, la propuesta del Gobierno parte de la base de que "el tipo de interés al que se concederán los créditos directos del ICO será razonable (para las pymes) pero estará en línea con el mercado", explicó ayer Salgado.

Además, el Estado no pretende competir con la banca privada eternamente. ¿Hasta cuándo? "Mientras el canal del crédito no fluya con normalidad", explica el documento. Las cifras demuestran que eso está lejos de ocurrir puesto que el pasado enero los créditos concedidos a las pymes por las entidades financieras volvieron a caer un 29% respecto al mismo mes de 2008.

El objetivo es que toda pequeña empresa solvente tenga financiación

La dotación de la línea del ICO "no tendrá límite cuantitativo en 2010 y la cantidad concedida en cada caso podrá completarse con una cantidad igual por parte de las entidades financieras", añadió Salgado. Los créditos se concederán por un importe máximo de 200.000 euros por parte del ICO, cifra suficiente, según la vicepresidenta, puesto que "la media de los créditos solicitados en la línea ICO Liquidez no supera los 140.000 euros".

350.000 empleos

El segundo grupo de propuestas en las que más incidió ayer Salgado es el de las destinadas a reactivar la creación de empleo en el sector de la construcción.

El Gobierno pretende aplicar el IVA reducido (del 7% actualmente y del 8% a partir de julio) a todas las obras de rehabilitación que se ejecuten en los próximos dos años e incluir deducciones extraordinarias en el IRPF para obras de mejora de suministros y accesibilidad en primeras viviendas. Además, el Ejecutivo seleccionará mil edificios de la Administración General del Estado para rehabilitarlos y mejorar su eficiencia energética y espera que el resto de administraciones incluyan otros mil más; una medida que imita el plan anticrisis de Obama.

Entre las diferentes medidas, se prevé que se generen 350.000 empleos en el sector de la construcción en el plazo de dos años.

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