La Junta derribó ayer cinco viviendas ilegales y una piscina en el municipio cordobés de Obejo (1.500 habitantes). Lo hizo obligado por una sentencia penal, que condenaba a Francisco Otero, un albañil metido a promotor, a un año y ocho meses de prisión y 2.600 euros de multa y a derrumbar la pequeña urbanización –cosa que no hizo–. La había levantado en terreno rústico y haciendo caso omiso a sucesivos requerimientos de paralización del ayuntamiento. Otero no solicitó la licencia, según la sentencia, “porque sabía que no se la podían conceder al ser terrenos no urbanizables”.

En los últimos dos años, en paralelo al desmadre urbanístico de Marbella, los jueces de lo penal han comenzado en Andalucía a ordenar el desmantelamiento de las edificaciones fuera de la ley (sólo en Marbella, la Junta ha detectado 30.000 viviendas). Esto supone un cambio en las tesis que hasta ahora venían manteniendo los magistrados, reacios a ordenar derribos porque consideraban que era una cuestión más contenciosa que penal y no querían hacerle los deberes a la administración, con poderes para ordenar derribos, según fuentes jurídicas especializadas.

La sentencia del juzgado de lo penal 1 de Córdoba, ratificada por la Audiencia Provincial, revela que el albañil conocía perfectamente que el suelo “no era urbanizable y no se podría urbanizar”. Y agrega que “ni siquiera se molestó en pedir la licencia de obras y siguió construyendo porque pensó que si las obras estaban terminadas ya no podían demolérselas”. Esta última reflexión es la clave del cambio de parecer de los jueces. Ante la impunidad, se han decidido a derribar.

En el giro están avalados por la sala de lo penal del Tribunal Supremo que condenó a un ciudadano almeriense a tres meses de cárcel y el derribo de un voladizo ilegal en su casa cueva,  que ocupaba un total de 1,82 metros cuadrados de litoral. La Consejería de Obras Públicas acogió con alborozo la decisión de los jueces y cree que ayudará a hacer desaparecer la sensación de que no pasa nada instalada en la sociedad.

El derribo, hasta la noche

Las tareas de demolición comenzaron por la mañana en Obejo, gobernado por el PSOE, y se prolongaron hasta el anochecer, informa Efe. Dos excavadoras arrasaron las cinco viviendas y la piscina ante la mirada de una decena de propietarios afectados por la orden judicial. Los operarios trabajaron custodiados por una treintena de agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Uno de los propietarios, a quienes el albañil vendió las casas, sufrió una crisis de ansiedad y tuvo que ser asisitido por el 061.

El abogado de los propietarios, Rafael Aranda, aseguró que tienen previsto iniciar acciones legales por un presunto delito de estafa contra el promotor que les vendió las parcelas. Además, le reclamarán los daños y perjuicios originados por la venta de estas parcelas, que el abogado calcula entre 60.000 y 90.000 euros. Uno de los afectados, Jesús Casas, aseguró a Efe que compraron los terrenos al confiar en la futura legalización de la zona, información que les transmitía el albañil.