Sábado, 13 de Febrero de 2010

Investigan un posible fraude en el coste de la organización de la cumbre del G-8

EFE ·13/02/2010 - 12:07h

EFE - El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi. EFE/Archivo

Algunos de los encargados de las obras de organización para la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del G8, que iba a celebrarse el pasado julio en la isla italiana de La Magdalena, inflaron los precios de los trabajos, llegando, incluso, a incrementarlos en un 50 por ciento.

Esto es lo que se desprende del dossier de la investigación que se lleva a cabo en la ciudad italiana de Florencia, en base a la que fueron detenidas el miércoles cuatro personas acusadas de abuso de autoridad y corrupción, y por la que se investiga al jefe de la Protección Civil italiana, Guido Bertolaso, asesor del primer ministro, Silvio Berlusconi.

En dicho informe, según publica hoy el diario milanés "Corriere della Sera", el juez Rosario Lupo explica cómo supuestamente se aumentaron las cifras de los presupuestos de las obras con el aval de altos funcionarios para "drenar dinero de las cajas del Estado y repartirse la tarta de las obras públicas".

El rotativo milanés recoge extractos de algunas de las escuchas telefónicas practicadas por las autoridades de Florencia en las que se justifican estos posibles aumentos fraudulentos, dentro de una supuesta trama en la que también pudieron mediar favores sexuales a cambio de beneficios en las obras del G8, que finalmente se celebró en la ciudad de L'Aquila tras el seísmo de abril de 2009.

En concreto, el juez recoge en su auto una conversación mantenida el 4 de septiembre de 2008 entre Susanna Gara, funcionaria del Ministerio de Infraestructuras, y el ingeniero Fabio De Santis, uno de los cuatro detenidos y quien participó en las obras del G8 en La Magdalena.

En la conversación, De Santis le cuenta a Gara cómo tiene intención de mandar "una cuenta que será de 100 millones de euros más" a Bertolaso, quien ha afirmado su desconocimiento de los hechos y cuya dimisión, presentada inmediatamente después de estallar el escándalo, ha rechazado en reiteradas ocasiones Berlusconi.

En otra conversación del 1 de agosto de 2008, se puede escuchar cómo, según el juez, Marco Casamonti, el arquitecto que dio origen a toda la investigación, habla "explícitamente" de cómo puede hacer aumentar el importe total de las obras que le han sido confiadas al empresario Valerio Carducci.

El 7 de septiembre de 2008, explica Lupo en su informe, Casamonti, "hablando con su propio padre, se jacta de haber hecho incrementar en 70 millones de euros el coste de la obra que está proyectando para Carducci en La Magdalena, añadiendo que para tal proyecto le darán unos honorarios de dos millones de euros".

La investigación se inició tras unas escuchas telefónicas realizadas por la Fiscalía de Florencia por un caso de supuesta irregularidad en la urbanización de un área de la capital toscana, en la que está implicado Casamonti, que supuestamente iba a encargarse de una de las obras para la cumbre del G8.

Según datos de la organización del G8 de La Magdalena, las obras en la isla para la celebración de la cumbre costaron 327,5 millones de euros.