Martes, 18 de Diciembre de 2007

Primeras condenas a militares argentinos tras la anulación de las 'leyes del perdón'

Entre 20 y 25 años de prisión para siete antiguos mandos del Ejército y un ex policía por crímenes comtidos durante la última dictadura

EFE ·18/12/2007 - 21:37h

El ex militar Julio Héctor Simón escucha la sentencia del juicio conducido por el juez Ariel Lijo, en el que se le acusa de la desaparición de seis militantes montoneros en 1979 y 1980. EFE

La Justicia argentina ha dictado penas de 20 a 25 años de prisión para siete antiguos mandos del Ejército y un ex policía en la primera condena a militares por delitos de represión durante la dictadura desde la anulación de las "leyes del perdón", en 2003. Las condenas fueron dictadas por las responsabilidades de los acusados en el secuestro y la desaparición de una veintena de guerrilleros.

El ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides y los antiguos mandos Jorge Luis Arias Duval y Santiago Hoya fueron castigados con 25 años de prisión. El juez Ariel Lijo, a cargo del proceso, impuso además una pena de 23 años de cárcel a Juan Carlos Gualco y Waldo Roldán; de 21 años a Carlos Fontana, y de 20 años a Pascual Guerrieri, todos ellos antiguos mandos del Ejército. El ex policía Julio Simón, en tanto, fue condenado a 23 años de cárcel.

Nicolaides, en prisión domiciliaria en la provincia de Córdoba (centro del país), no estuvo presente durante la lectura del veredicto "por cuestiones de salud", al igual que Gualco, informaron fuentes judiciales.

Insultos para los condenados 

Después de la lectura de un resumen de la sentencia, que ocupa unas 300 hojas, integrantes de organismos de derechos humanos despidieron con insultos a los condenados presentes en la divulgación del veredicto.

"Se los condenó no por la gravedad de lo que han hecho sino por lo que se les ha probado, de todos modos se ha hecho justicia", destacó el secretario argentino de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, luego de declararse "conforme" con la sentencia.

El juez Lijo dio por probado que los condenados fueron parte de una "asociación ilícita" que cometió los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y reducción a la servidumbre de un grupo de guerrilleros de la organización Montoneros, ala izquierda del peronismo en la década de los años 70.

La semana pasada tanto la Fiscalía como los querellantes en el proceso a cargo de Lijo habían pedido condenas de 25 años de cárcel para los ocho acusados.

Un marino apareció muerto cuatro días antes de su sentencia 

Desde la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, promulgadas en la década de los 80, hasta ahora sólo habían sido juzgados y condenados dos ex policías, entre ellos Julio Héctor Simón, y un sacerdote por delitos perpetrados durante el último régimen militar.

El viernes pasado estaba previsto que se diera a conocer el veredicto en el proceso contra el ex marino Héctor Febres, pero cuatro días antes el imputado fue hallado muerto por envenenamiento en la dependencia en la que estaba detenido.

Las llamadas "leyes del perdón", que libraron de responsabilidad a más de un millar de personas, habían sido derogadas en 2003 por el Parlamento y dos años después fueron declaradas nulas por la Corte Suprema de Justicia.

Desaparecidos, acribillados a balazos

Los hechos analizados en este juicio ocurrieron en 1980, cuando el grupo armado Montoneros había sido desarticulado en Argentina y sus jefes decidieron en Europa, donde se habían establecido, la denominada "Operación Murciélago", consistente en el retorno al país de varios de sus integrantes para lanzar una ofensiva contra el régimen dictatorial.

Los guerrilleros que regresaron, divididos en dos grupos, -uno para reagrupar a ex integrantes y el otro con la misión de cometer atentados contra autoridades-, fueron apresados por militars.

Desde entonces, la mayoría de ellos permanecen desaparecidos y en algunos casos se encontraron los cadáveres acribillados a balazos.

Los Montoneros surgieron en la década del 70 como un ala nacionlista y de izquierda del Partido Justicialista (peronista), actualmente en el Gobierno, pero se abocaron a la lucha armada y cometieron múltiples atentados tras ser expulsados de esa fuerza política en 1974.

Durante su alegato, el fiscal del caso, Jorge Álvarez Berlanda, comparó la represión ilegal de la dictadura con la historia de una película "cuya trama era las detenciones ilegales, la desaparición forzada de personas, los tormentos y el cautiverio".

 

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