Martes, 18 de Diciembre de 2007

La CE y UE ultiman una propuesta para cerrar el acuerdo sobre la reforma del vino

EFE ·18/12/2007 - 21:39h

EFE - La Comisión Europea (CE) y la presidencia portuguesa de turno de la UE ultiman una nueva propuesta, que presentarán a los países comunitarios.

La Comisión Europea (CE) y la presidencia portuguesa de turno de la UE ultiman una nueva propuesta, que presentarán a los países comunitarios, con la que pretenden cerrar un acuerdo sobre la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del vino.

Con esta nueva oferta, la CE y la presidencia tratan de recoger las demandas de los ministros de Agricultura, quienes por segundo día consecutivo negocian la revisión de la OCM, con intensas reuniones y contactos bilaterales.

El texto, el segundo hecho público en estos dos días, será presentado "en breve" aunque se desconoce la hora exacta en que se reanudará el Consejo, esta noche o incluso mañana, según fuentes comunitarias.

La propuesta incluirá "muchos cambios" respecto a las propuestas conocidas hasta ahora, y que afectarán a "todos los países".

Los ministros de Agricultura tratan de consensuar, en esta reunión maratoniana, la reforma del sector vitivinícola sobre la que empezaron a discutir hace cerca de un año y medio.

Las cuestiones que complican un acuerdo son el reparto del dinero de la UE para cada país; el futuro de los tipos de ayudas que se permitirán para el sector, así como la fecha para liberalizar el cultivo de viñas y suprimir los derechos de plantación, que ahora las restringen.

La reforma que negocia la UE mantiene el presupuesto total para la OCM (1.268 millones de euros anuales) pero cambia la forma de repartirlo: una parte irá para planes que fomenten el arranque voluntario de viñas (175.000 hectáreas en tres años es el objetivo en la última propuesta) y otra a los llamados "sobres nacionales".

Los "sobres" son asignaciones financieras a los Gobiernos para que ayuden al sector con medidas según su criterio.

La propuesta de compromiso presentada ayer ya ampliaba las medidas que podrían financiarse con esas partidas y establecía la posibilidad de que los países dieran un pago directo o ayuda por superficie al viticultor para compensarlo por la pérdida de otros tipos de ayuda.

Esta concesión es favorable para España, que en toda la negociación ha reclamado poder dar ese tipo de pago y también vincularlo a contratos con las industrias de bebidas, para que no queden desabastecidas como consecuencia de la reforma.

En este sentido, la OCM que negocian los Veintisiete planteaba la supresión de apoyos actuales a la destilación de crisis, a la destilación de alcohol de uso de boca (usado por las industrias del brandy y licores) y a las primas al mosto, pero en el Consejo ha habido movimientos.

La única propuesta que se conoce hasta el momento prevé el mantenimiento durante tres años de la destilación de crisis y en el caso de las ayudas al mosto, la CE y la presidencia han sugerido que para responder a Italia, principal beneficiado en este ámbito habría que retocar los "sobres nacionales" y reducirlos.

España está en desacuerdo con este último punto que, según varias fuentes, ha llevado a Italia a mantener una de las posturas más duras en la negociación.

Para el Gobierno español, uno de los apoyos de más interés es el de la destilación para uso de boca, pero España considera que con la flexibilidad en los "sobres" podría compensarse su pérdida.

Otra dificultad estriba en el reparto de los "sobres nacionales", pues los países que entraron a la UE en 2004 quieren revisar los criterios para distribuirlos; España defiende argumentos históricos, ya que es el primer beneficiario de la OCM y en la actualidad percibe un tercio de los fondos.

Otro aspecto de la negociación ha sido el momento en que se liberalizará el cultivo de viñas y acabarán los derecho de plantación; Bruselas ha propuesto en la última oferta que terminen a finales de 2013 pero algunas regiones podrían mantenerlos hasta 2015.

España quiere más seguridad jurídica sobre esta última concesión y además que quede claro que las denominaciones de origen podrán seguir controlando el cultivo.