Martes, 18 de Diciembre de 2007

OCDE pide reformas en acceso al trabajo de personas de capacidad reducida

EFE ·18/12/2007 - 13:07h

EFE - Pilar Camacho, la joven minusválida vecina de Lepe que ha denunciado la imposibilidad de viajar a Madrid en tren debido a que el cercanías que debía transportarla carecía de rampa y a que el Altaria habilitado ante la huelga de maquinistas de AVE no tenía plazas para minusválidos.

España, Australia, Luxemburgo y el Reino Unido deben afrontar reformas para reducir el número de beneficiarios de prestaciones por enfermedad e invalidez e integrarlos en el mercado laboral, según un estudio de la OCDE presentado hoy.

El informe "Enfermedad, invalidez y trabajo: superar los obstáculos", que en su segundo volumen se refiere a estos cuatro países, revela que los miembros de la OCDE gastan el doble en prestaciones por enfermedad e invalidez que en subsidios de desempleo.

"La mayor parte de las personas que comienzan a pedir prestaciones de invalidez no vuelven a trabajar. Sin embargo, con una formación adecuada y el asesoramiento requerido, muchas de esas personas preferirían ocupar un empleo y ganar un salario", indica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El estudio estima que la aportación de estos trabajadores es "indispensable para consolidar los sistemas fiscales y de protección social pública".

En los cuatro países estudiados, los gastos de prestación por enfermedad o invalidez representaron en 2005 el 22,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).

La tasa de empleo entre personas que tienen una incapacidad es la mitad que en el resto, mientras que el porcentaje de parados es el doble de elevado.

El estudio también ha revelado que las demandas de prestaciones por invalidez aumentan cuando el paro es elevado y que los que las piden no dejan de hacerlo cuando la situación del mercado laboral mejora.

Por eso recomienda que se reformen al mismo tiempo los sistemas de prestación de invalidez y los de paro.

Cada uno de los cuatro países afronta en este sentido retos propios.

En el caso de España, el estudio señala que la descentralización ha provocado problemas de coordinación entre servicios de empleo, transferidos a las Comunidades Autónomas, y el sistema de seguridad social, cuya gestión mantiene el Gobierno central.

En Australia, la gente pide ayudas por invalidez cuando han agotado su derecho a percibir subsidios de desempleo, mientras que en Luxemburgo la mayor parte de las prestaciones de invalidez son la antesala de un cese anticipado del trabajo.

En el Reino Unido se ha registrado un gran aumento del número de demandas de prestación de invalidez por motivos mentales o problemas de comportamiento.

Entre las recomendaciones recogidas en el estudio figura la del desarrollo de ayudas al empleo, a la readaptación y a la colocación de las personas que han sufrido una invalidez, así como proceder a reformas que hagan que volver a trabajar sea interesante para los afectados.