Mónica patxot - El juez del TSJ de Madrid Antonio Pedreira a las puertas del tribunal.

La primera intención del juez Antonio Pedreira era responder que no había llevado a cabo ninguna investigación que afectara a la admisión a trámite de la querella con la que el PSOE pretendía que se investigara en Valencia la presunta financiación irregular del PP hacia la que apuntó la policía en julio.

Pero las cosas han cambiado, y ahora ha decidido hacer suyo el criterio del fiscal y no responder al requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

En una providencia argumenta que "tal proceder puede frustrar el final legítimo, protegido por la máxima reserva, con que se instruyen las diligencias, cuyo contenido ha sido declarado secreto incluso para las partes personadas". Y por eso, no le dirá, "por ahora", al TSJCV qué ha averiguado en relación con el informe que la policía entregó el pasado 31 de julio a los dos tribunales superiores de justicia, al Tribunal Supremo y a la Fiscalía Anticorrupción. El secreto está previsto que se levante dentro de un mes.

El TSJ de la Comunidad Valenciana, en una insólita decisión, procedió a devolver el informe a la Policía, pese a que imputaba varios delitos a diputados del PP valenciano, que por su condición de aforados sólo pueden ser investigados por dicho tribunal superior. El de Madrid lo guardó. Y Anticorrupción, personada en los procedimientos seguidos en ambos TSJ de la causa contra los aforados nacionales del PP, el senador y ex tesorero del partido Luis Bárcenas, y el diputado Jesús Merino, se encarga la Fiscalía del Supremo, ha insistido siempre a Pedreira para que asuma la investigación.

"Íntimamente conectada"

El Ministerio Público sostiene que la investigación está "íntimamente conectada", por lo que el instructor en el TSJM puede y debe investigar los hechos hasta que los indicios que aparezcan contra aforados que correspondan al TSJCV sean lo suficientemente fuertes como para inhibirse.

De hecho, el mismo informe policial salpicaba también al PP gallego y hacía referencia a la presunta falsificación de facturas realizada por el PP de Madrid para financiar las campañas electorales en 2003 a través de la fundación Fundescam. Es decir, como ha venido manteniendo la Fiscalía, la investigación de la trama presuntamente dirigida por Francisco Correa está interconectada, aunque la existencia de distintos aforados imputados haya obligado a dividirla.

La decisión de Pedreira fue acogida con prudencia por el PSOE valenciano. "Una respuesta de esa naturaleza significa que hay alguna actuación, y que nuestra querella no está exenta de fundamento", declaró a Público Ángel Luna, portavoz del PSOE valenciano. La Sala de lo Civil y Penal del TSJ valenciano se reunirá hoy y podría pronunciarse ya sobre la querella.