Lunes, 17 de Diciembre de 2007

"Ésta ha sido la legislatura de la falta de respeto y la mala educación"

El presidente del Senado hace balance de la legislatura y, como destacado dirigente de los socialistas vascos, analiza el desencuentro con el PP sobre la lucha antiterrorista

FERNANDO GAREA ·17/12/2007 - 07:30h

ÁNGEL NAVARRETE - Javier Rojo, presidente del Senado, fotografiado la pasada semana en su despacho de la Cámara alta.

Una de las promesas electorales que ha quedado por cumplir esta legislatura es la reforma del Senado, que requiere modificar la Constitución y, por tanto, acuerdo entre el PSOE y el PP. Javier Rojo (Pamplona, 1949), presidente de la Cámara alta, considera necesaria esa reforma y lamenta que no haya sido posible el consenso requerido. No obstante, Rojo hace un balance positivo de una legislatura que cree marcada por “la mala educación y la falta de respeto” en el Parlamento.

¿Para qué sirve el Senado?
Para plasmar la realidad de lo que decidimos en el diseño territorial del Título VIII de la Constitución. Además, ésa ha sido la gran revolución de lo  que conformar con la Cámara alta de hoy, sino que tenemos que darle el sentido de lo que marcó la Carta Magna de 1978 y de lo que es la España de hoy para el futuro.

Pero la Constitución habla del Senado como Cámara de representación territorial, aunque en los siete estatutos de autonomía que se han aprobado durante esta legislatura aquí no se ha cambiado ni una coma sobre lo pactado en el Congreso delos Diputados. 
Me quedo con la parte más positiva, y es que en el Senado se ha modificado más del 93% de todas las leyes que en este momento están en funcionamiento y se han aprobado en esta legislatura. Son cosas muy relevantes que se han pactado en el Senado, donde ha habido un clima más adecuado para el acuerdo entre todos los partidos y sólo por eso ya es relevante esta Cámara.

Pero en los estatutos de autonomía no ha intervenido.
Es que, precisamente, con el cambio que debe tener esta casa el trámite de los estatutos de autonomía debería empezar en esta casa para que sea el Congreso el que luego no modifique ni una coma de lo que salga del Senado. El problema es que la Constitución está como está y por eso hay que cambiarla. Eso no devalúa a esta Cámara. La Carta Magna y el ordenamiento jurídico dicen lo que dicen y se aplica hasta que se pueda cambiar la Constitución.

Tampoco ha intervenido el Senado en otros textos relevantes como dos presupuestos de la legislatura o la Ley de la Memoria Histórica.
Los Presupuestos no se han cambiado porque, en realidad, lo que se pretendía con el veto es modificar el sentido general de lo que representa el Congreso, donde reside la proporcionalidad de lo que votamos en las elecciones. Lo importante es que, aunque salga adelante el veto del Senado en los Presupuestos, tenemos una Cámara que no bloquea, como ocurre en Alemania, donde se producen crisis y se paraliza el país en situaciones similares. En España, el Senado no bloquea afortunadamente el día a día del funcionamiento del Estado y eso fue un acierto constitucional. Ahora bien, eso pone sobre la mesa las dificultades políticas que hemos tenido en esta legislatura, pero eso hay que verlo con una cierta normalidad.

¿Qué supone el veto a los Presupuestos Generales del Estado que fue aprobado en el Senado el pasado lunes?
Tiene una lectura puramente electoral. Lo sorprendente es que el veto haya llegado por el capítulo de Vivienda, cuando todo el mundo creía que iría por otros derroteros, como el de Fomento. En la legislatura no ha habido reprobación al Ministerio de Vivienda y el veto viene por ese departamento y seguro que es casualidad que la ministra [Carme Chacón] sea la número uno en la candidatura de los socialistas por Barcelona. A mí me dice la lógica y el sentido común que esa casualidad explica bastante las cosas.

¿Cómo habría que reformar el Senado?
Lo fundamental es la elección de senadores. Ahora el 80% es elegido por las provincias, cuando hoy las provincias no son las instituciones relevantes en el funcionamiento del país, porque hay Cortes Generales, comunidades y ayuntamientos. Las provincias han quedado como institución de soporte, no para articular el funcionamiento ágil del Estado, donde los ciudadanos se ven reflejados. Para eso habría que cambiar la Constitución.

La otra reforma necesaria se refiere a las competencias y las funciones sobre los estatutos, la financiación y la Conferencia de Presidentes, que ya está haciendo este Gobierno, pero que habría que institucionalizar. También en lo referido a las leyes básicas, para que puedan intervenir las comunidades autónomas en el trámite.

Venimos de un sistema del año 1977 en el que no sabíamos qué iba a ocurrir en nuestro modelo territorial de descentralización del Estado. La reforma del Senado urge y debe plasmar la realidad de la España de hoy y servir para compactar más nuestro país, para que esta institución sirva para compartir los acuerdos y para entender los desacuerdos entre las comunidades o con el Estado.

Me preocupa que el ciudadano no entienda esas acusaciones entre una comunidad y otra, sobre quién aporta más o quién recibe más, quién paga más impuestos o quién tiene más inversiones. Toda esa confusión sirve para dividirnos como ciudadanos y tiene que haber una institución común de España que nos aglutine en la diversidad de lo que representamos cada uno, que nos haga colaborar, compartir y cooperar.

¿Por qué no se ha hecho aún esa reforma del Senado que estaba en el último programa electoral de los socialistas?
¿Hay alguien que crea que un tema tan complejo como éste, en el clima político tan complicado de esta legislatura, tan crispado, hubiese podido salir adelante? No ha habido acuerdo ni tan siquiera para las reformas constitucionales del sentido común, como las planteadas por el presidente del Gobierno desde su investidura. No ha habido voluntad para hablar siquiera de la reforma de la sucesión de la monarquía, aunque es de sentido común aplicar la igualdad entre hombres y mujeres que viven los ciudadanos. Es de sentido común que, si pertenecemos a Europa, debemos señalarlo en la Constitución; poner los nombres de las comunidades es como poner el nombre en el DNI y tiene una lógica indiscutible y la cuarta, que es la del Senado, está claro que es imprescindible.

En esta legislatura el clima ha hecho imposible abordar esto y muchas otras cosas y es imposible así hacer una reforma del calado que tiene el de la Cámara de representación territorial. Yo creo que en el próximo programa electoral del PSOE tiene que seguir poniendo esto e intentarlo la próxima legislatura.

¿Qué balance hace de la legislatura que está a punto de acabar en el Senado?
Muy positivo, porque el objetivo marcado por el presidente del Gobierno en su investidura se ha cumplido. Lo primero que hizo al inicio fue venir al Senado a explicar su proyecto territorial para nuestro país, lo que no se había hecho nunca, y ha comparecido mensualmente en la Cámara sin que le obligue la ley a hacerlo. Si añadimos que se ha celebrado el debate autonómico que no se hacía desde 1997; cómo, desde el consenso, las lenguas cooficiales están aprobadas aquí sin conflicto y el dinamismo de la Cámara habrá que reconocer que hemos cumplido la agenda, pese a las dificultades. Se ha hecho a pesar de que el partido del Gobierno no es el mayoritario en el Senado y está obligado a buscar acuerdos.

Pero ese debate autonómico sólo se ha celebrado una vez en la legislatura y nunca más se ha convocado, como ocurrió en la etapa de José María Aznar.
El debate autonómico no se ha hecho no por falta de voluntad, sino porque la situación electoral nos ha ido marcando los tiempos y me parece lógico  entender que en tiempo de campaña no se puede hacer con presidentes que pueden no estar luego después de las elecciones.

¿Comparte la frase que Manuel Marín pronunció el Día de la Constitución: “No podemos repetir una legislatura tan dura y tan ruda”?
Sí, tan dura, tan ruda y con tanta falta de respeto y desde la mala educación. Tengo una gran confianza en lo que los españoles somos y que
juzguen los ciudadanos quién es el culpable. Ha sido una legislatura con faltas de respeto y la sociedad española que nos ha visto debe juzgar, valorar y ponernos nota, pero no quiero señalar a nadie.

¿Va a repetir como candidato al Senado y quiere seguir como presidente de la Cámara alta otra legislatura?

Yo creo que he tratado de cumplir las obligaciones del cargo. Soy candidato, tengo que salir elegido, me tienen que proponer para presidente y después me tienen que votar los grupos parlamentarios. Como todo eso está por venir, me quedo con la seguridad de que soy presidente del Senado y seré candidato en las elecciones. No diré más.

Pero para el Congreso de los Diputados el PSOE sí tiene ya candidato a presidente.
Yo sólo hablo del Senado, que es lo que me corresponde.

¿Han sido positivos los pactos de su partido con los nacionalistas en esta legislatura?
Son pactos legítimos que se han hecho buscando una mayoría para el buen funcionamiento de este país y así debemos verlo. Con mayoría absoluta no hay obligación al pacto, pero en esta situación de minoría el Gobierno debe buscarse apoyos para sacar adelante su proyecto. Tenemos que reconocernos lo que somos como españoles y los nacionalistas están en el marco constitucional y hagamos eso normal, con las reglas que nos da la Constitución. Con mayoría absoluta se vive más cómodo, pero no siempre se acierta en esa situación. En todo caso, ha sido una gran legislatura de modificaciones y de cambios, de poner la política al servicio de
la sociedad.

¿Por qué se ha roto esta legislatura el consenso antiterrorista?
Porque una de las dos partes no comparte la política antiterrorista que el Gobierno, en las obligaciones y el deber que tiene, lleva a cabo.

¿Y el Gobierno ha hecho todo lo posible para mantener ese consenso?
Creo que sí, que ha hecho todo lo posible y, viéndolo con una cierta objetividad, los resultados de la lucha contra el terrorismo muestran que esta legislatura, seguramente como consecuencia del trabajo que se ha hecho durante los últimos 30 años, es la que menos terrorismo ha tenido en la Historia constitucional y esto es una realidad.

Hay una coordinación que funciona bien, una situación de  perfeccionamiento del ordenamiento jurídico y una sensibilidad social en la que la ciudadanía ha entendido que es un problema de todos y no de unos pocos. Todo eso hace que estemos en una situación mejor, pero, si a esto le hubiésemos sumado la unidad general en la lucha contra el terrorismo seguro que estaríamos mejor, oal menos menos tensos, menoscrispados y seríamos mucho máseficaces contra ETA.

¿Fue un error o un acierto el llamado proceso de paz?
Nunca son errores las iniciativas que, acordes al Estado de derecho y a los instrumentos que te da la sociedad, tratan de solucionar los problemas. La conclusión de esto es decir que aquí no se equivoca el Gobierno, sino que sólo hay unos culpables que son los terroristas. No hay más culplables que los terroristas y me parece un error estar tratando de responsabilizarnos como demócratas en situaciones tan complejas y difíciles como ésta. Lo decimos desde la legitimidad que tenemos de haber estado apoyando a otros gobiernos porque creíamos que era nuestro deber y es lo que haríamos si el PSOE vuelve a estar en la oposición.

Es un planteamiento de convicción, de que juntos somos más fuertes y ellos más débiles, que es lo que nos exige la sociedad española. En un tema tan doloroso como ésta es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, porque el terrorismo sacude no por el componente ideológico, sino porque como españoles nos quieren hacer daño para conseguir sus objetivos. El Gobierno, en la facultad de sus competencias, hizo lo que tenía que hacer para intentar solucionar un problema grave.

¿En algún momento habrá que retomar el diálogo con ETA?
Hemos aprendido en este recorrido muchas cosas y hay un principio que hemos dicho siempre y es el de primero la paz y luego la política y los terroristas esto lo tienen que tener claro. Saben lo que les queda: dejar las armas, saber que con el terrorismo no se va a ninguna parte y aceptar las reglas del juego para funcionar en la política.

¿Se debe ilegalizar ANV?
Si incumple lo que la Ley de Partidos determina, sí y para eso nuestro ordenamiento jurídico es muy claro. Les corresponde más a ellos que a nosotros actuar, si quieren estar en política y separarse de la violencia.

¿Tiene alguna duda de que ANV está vinculada a Batasuna?
No podemos estar diciendo si hay dudas o no. Lo que tiene que haber es legalidad y los demócratas debemos tener instrumentos para poder defendernos y que no haya ningún recoveco para que puedan recurrir y que perdamos. Lo fundamental es tener confianza en el Estado de derecho y en nosotros mismos.