Archivo de Público
Viernes, 8 de Enero de 2010

El Gobierno aprueba el cierre ‘exprés’ de web

La Audiencia Nacional tendrá cuatro días para decidir si el bloqueo de una página propuesto por Cultura viola derechos fundamentales

MIGUEL ÁNGEL CRIADO ·08/01/2010 - 22:50h

Cuatro días. Ese es el plazo que tendrá la justicia para autorizar al Gobierno a cerrar una página web. El Consejo de Ministros aprobó ayer el envío del nuevo anteproyecto de Ley de Economía Sostenible (LES) a los órganos consultivos antes de su votación en el Congreso. Pero esta LES no es la misma que provocó la revuelta de Internet hace tres semanas contra la posibilidad de que un órgano administrativo cerrara páginas por violar la propiedad intelectual. La nueva versión introduce la figura del juez en el procedimiento.

En palabras de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, la nueva redacción "establece un proceso judicializado, ampliando las competencias del juez para decidir sobre
este tema".

En concreto, la versión actual de la LES mantiene la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, encargada de recibir las denuncias de los autores. La novedad es que, antes de poder cerrar el sitio denunciado por difundir una obra sin autorización, este órgano tendrá que acudir a un juez de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. El juez tendrá un máximo de cuatro días para ver el procedimiento, convocar y oír a las partes y decidir si, con el cierre de la web, se podría vulnerar algún derecho fundamental, en especial la libertad de expresión. Si no ve tal riesgo, la comisión gubernamental podrá ordenar el cierre o bloqueo del sitio.

"Procedimiento ágil y eficaz"

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que acompañó a la vicepresidenta en la rueda de prensa de ayer, explicó: "Con la Ley de Economía Sostenible se ha establecido un procedimiento ágil, eficaz, y, sobre todo, con las máximas garantías para los derechos que pueden estar en conflicto". Pero, como reconoció el ministro, este mecanismo obligará a reformar la Ley del Poder Judicial, para dotar de nuevas competencias sobre propiedad intelectual a la Audiencia Nacional.

La reforma de una ley de este rango, cuyo anteproyecto también se aprobó ayer, exige una mayoría absoluta del Congreso. Esto obligará al Gobierno a tocar a rebato a sus aliados habituales. Algunos de ellos, como Iniciativa per Catalunya Verds mostraron ayer su rechazo. Para su portavoz en el Congreso, Joan Herrera, el control de las descargas "se hará con juez, pero sin garantías". Para el diputado, el juez, tendrá que decir "no si la web es ilegal, sino si su cierre supone un ataque a los derechos fundamentales" en un procedimiento que definió como "exprés".

Silencio del PP

Por su parte, desde el principal partido de la oposición aseguraron que necesitaban más tiempo para examinar los cambios en la LES antes
de pronunciarse.

Quien se mostró muy satisfecha fue la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde. Diana de las iras de los internautas, dijo ayer en una comparecencia que, con la redacción final de la norma, "la libertad de expresión está garantizada". Preguntada por la posible reacción de los inter-nautas (más de 200.000 usuarios de la red social Facebook suscribieron un manifiesto exigiendo la retirada de la ley), Sinde se mostró confiada en que valorarían bien los cambios. "Se trata de una propuesta equilibrada para actuar contra unos cuantos que se lucran con el trabajo de otros", dijo.

Esos "pocos" son alrededor de un centenar de páginas web con enlaces a archivos audiovisuales. La ministra repitió en tres ocasiones que la ley sólo iba contra ellas. "Los internautas no deben estar preocupados, a lo sumo estamos hablando de unas decenas de páginas que se lucran", comentó.

La composición y actuación concreta de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura se concretará en un reglamento una vez aprobada la LES. Pero miembros del ministerio aseguraron ayer que sus integrantes serán "expertos en Internet y en propiedad intelectual".

Una vez acabada la intervención de la ministra, el director general de Política e Industrias Culturales, Guillermo Corral, insistió que se va a actuar sólo contra unas las páginas que se lucran; "el intercambio de archivos entre particulares no se va a tocar", insistió.