Las nuevas carreteras, autopistas, puertos y tramos de AVE que pagamos los españoles seguirán en el foco de una guerra de precios, al menos, hasta la siguiente legislatura. Los guardianes del dinero del Ministerio de Fomento (los interventores) han rechazado una propuesta de las constructoras para acabar con las actuales rebajas excesivas que hacen estas empresas en los concursos para lograr obras. Sobre todo en el AVE, los descuentos llegan incluso al 40% con respecto al presupuesto que da el ministerio.

El problema radica en el propio sistema para adjudicar las infraestructuras, según los expertos, y ha llegado a tal punto que muchas ofertas son temerarias, un nivel que tiene que desechar la Administración por el riesgo que implica en la calidad en las obras.

Durante años, la situación sólo ha preocupado a las constructoras de menor tamaño, como las agrupadas en la patronal Aerco, que lo ha denunciado permanentemente. Pero, desde hace meses, las pujas a la baja en los concursos son tales que hasta las grandes del sector tienen difícil tirar más los precios. Desde entonces, las empresas han unido fuerzas. Las patronales, especialmente Aerco y Seopan (esta última es la de las principales constructoras), presentaron hace unos ocho meses al ministerio de Magdalena Álvarez un plan para cambiar las condiciones de las adjudicaciones.

Paradojas del sistema

Las empresas proponen hacer más amplio el tope por el que una oferta puede ser considerada temeraria porque han comprobado que así la rebaja media en cada concurso se modera. El cambio consiste en considerar temerarias todas las ofertas que estén un punto por debajo del descuento medio de todas las propuestas presentadas. Ahora, el límite es mucho más amplio, de cuatro puntos.

Fomento no ha dado el visto bueno porque sus interventores han desechado el plan, explican fuentes de las constructoras. El argumento de los fiscalizadores del ministerio es que no pueden admitir un nuevo sistema que vaya a generar menos rebajas a pesar de que las constructoras, al final, logran recuperar una parte o la totalidad de ese descuento, como admiten fuentes del sector.

De esta forma, se da la paradoja de que aunque, teóricamente, los españoles pagan menos por las obras porque se adjudican a las empresas que han hecho grandes descuentos sobre el presupuesto, la realidad es que esa rebaja se esfuma total o parcialmente. Esto es posible porque el actual sistema permite a las constructoras recurrir al modificado de precios. Con este método, las compañías argumentan que sus costes han subido durante la obra y logran que el ministerio los pague.

Las adjudicaciones funcionan de forma distinta en otros países europeos, en los que no se da el problema de descuentos excesivos. El Ministerio de Fomento no respondió a las preguntas de este diario sobre este asunto.

Manda el modelo anglosajón

Reino Unido ha sido el pionero en todo tipo de desarrollos de infraestructuras. Y una muestra de ello es que otros países europeos, como Irlanda o Portugal aplican el sistema de concursos para adjudicar obras que inventaron los británicos. Especialmente en concesiones, que son infraestructuras (por ejemplo, autopistas) que luego gestionan las empresas adjudicatarias, el sistema anglosajón para adjudicarlas difiere del español.

Hay un proceso en el que las constructoras tienen que lograr pasar la primera fase (precalificación) y, al final, quedan varios finalistas de entre los que la administración elige al ganador. A diferencia de lo que ocurre en España, suele pesar más la parte técnica del proyecto que el precio. El sistema de adjudicación español, sin embargo, tiene la ventaja de que es mucho más rápido y con menos trámites.