El 98,6% de los condenados que ingresa en prisión por delitos contra la seguridad vial son hombres. DANI POZO

Las carreteras siguen llenando las cárceles españoles. El pasado 1 de octubre se alcanzó por primera vez la cifra de 700 presos ya condenados sólo por delitos contra la seguridad vial, según las últimas estadísticas de Instituciones Penitenciarias a las que ha tenido acceso Público.

Este número casi dobla a los 356 que había a finales de 2008, hace sólo nueve meses. Un fuerte incremento que las fuentes penitenciarias consultadas resaltan aún más con una imagen: "Si se reuniesen a todos ellos en una misma cárcel, serían suficientes para ocupar la mitad de sus celdas". Las prisiones dependientes del Ministerio del Interior acogen hoy a 65.970 internos.

No es el único dato relevante que aportan los datos de Instituciones Penitenciarias sobre estos reclusos. Uno de los aspectos más llamativos es el que señala que la inmensa mayoría de los 700 presos son varones. En concreto, 690, lo que representa el 98,6% del total. Las mujeres condenadas y recluidas por haber cometido alguno de estos delitos relacionados con la seguridad vial son sólo 10, el 1,4% del total.

Más igualdad arrojan las estadísticas sobre los delitos concretos que han llevado a estos 700 presos a estar entre rejas. Así, el más común es la conducción temeraria, con 214 reos (un 30,6% del total). A corta distancia, le siguen los penados por circular sin permiso de conducir o con este caducado (206), y los conductores bajo los efectos de bebidas alcohólicaso drogas (196).

Estos tres delitos han llevado a la cárcel al 88% del total de estos reos. El resto se reparte entre los que se negaron a someterse a pruebas de alcoholemia (37), los que pusieron en grave riesgo a otros conductores (34) y los que lo hicieron con velocidad superior a la permitida (13).

Influencia en la criminalidad

La inclusión en diciembre de 2007 de los delitos de tráfico en el Código Penal no sólo ha servido para llenar aún más las cárceles españolas, sino también para distorsionar las estadísticas de criminalidad, según se reconocía en el último balance de delincuencia del Ministerio del Interior dado a conocer hace menos de un mes. Entonces, el departamento de Pérez Rubalcaba insistía en que, si se excluyeran de las estadísticas, la tasa de criminalidad se reduciría a 45,8 infracciones por cada 1.000 habitantes (1,2 puntos menos de lo que reflejan las cifras oficiales).