Viernes, 7 de Diciembre de 2007

Un informe revela que no habrá restricciones en el Júcar, Segura, Guadalquivir y Tajo

EFE ·07/12/2007 - 15:41h

EFE - Vista del río Tajo con Toledo al fondo.

El Consejo de Ministros ha recibido hoy de la Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, un informe sobre la situación de la sequía que revela que no se prevén restricciones en el abastecimiento de agua a poblaciones en las cuencas del Júcar, Segura y Guadalquivir, y de la cabecera del Tajo.

Según la referencia del Consejo de Ministros, este informe sobre los efectos de la sequía en el litoral Mediterráneo, la cuenca del río Guadalquivir y la cabecera del Tajo, señala que las actuaciones emprendidas por el Gobierno desde el inicio de legislatura han mitigado los efectos de la sequía, pese a la escasez de precipitaciones registrada en estas zonas durante los últimos años.

Desde octubre de 2004, el Ministerio de Medio Ambiente ha declarado obras de emergencia y urgencia en diversas comunidades autónomas, con un presupuesto que supera los 661 millones de euros, señala la referencia.

Asimismo, esta semana el director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, se reunió con representantes de las comunidades de Cataluña, País Vasco, Andalucía, Baleares, Canarias y Galicia para analizar la situación en las cuencas intracomunitarias.

Además, el Consejo de Ministros ha recibido otro informe de la ministra de Medio Ambiente sobre el Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND), un documento en el que se indica que el dos por ciento del territorio nacional presentan un riesgo muy alto de desertificación, mientras que el 15 y el 19 por ciento un riesgo alto y medio, respectivamente.

El Programa de Acción Nacional contra la Desertificación es una estrategia destinada a promover un desarrollo sostenible en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas españolas, y a prevenir la degradación de las tierras y la erosión de los suelos.

El Programa de Acción Nacional contra la Desertificación, que requerirá la implicación de las Comunidades Autónomas, constituye la principal obligación contraída por España como país firmante de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.