Jueves, 6 de Diciembre de 2007

Rumanía pide a la UE que frene la discriminación de la población gitana

EFE ·06/12/2007 - 20:23h

EFE - El primer ministro rumano Colin Popescu Tariceanu habla en el Palacio de Chigi, en Roma, Italia.

El Gobierno rumano pidió hoy que la Unión Europea ponga en marcha una estrategia para acabar con la discriminación de la población gitana y favorecer su integración, en especial cuando se desplaza a otros países de la UE.

Durante un Consejo de Ministros conjunto de Empleo e Interior, Bucarest presentó a sus socios comunitarios una petición para que los gitanos dejen de estar discriminados en ámbitos como la educación y el acceso al mercado laboral, así como a la seguridad social y la atención sanitaria.

La gitanos o romaníes, repartidos por toda la Unión, suponen el 2 por ciento de la población comunitaria, entre 8 y 12 millones de personas, y la apertura de fronteras de la UE ha dado más visibilidad a este colectivo de alta movilidad, señaló el documento rumano.

España, además de su población gitana autóctona, acoge a miles de gitanos del Este huidos de la pobreza, una emigración que ha aumentado desde que Rumanía y Bulgaria forman parte de la UE.

El Gobierno rumano reconoce los pasos dados por la Comisión y el Consejo para la integración de esta minoría, pero reclama nuevas iniciativas dirigidas a mejorar su realidad.

Rumanía pide medidas como una evaluación de la situación en cada Estado miembro, un intercambio de experiencias y soluciones para problemas concretos y el fomento del uso de instrumentos de financiación para la inclusión de los gitanos, como el Fondo Social Europeo.

Bucarest también pidió a la Comisión Europea, el órgano que cuenta con la iniciativa legislativa, que revise las políticas aprobadas hasta el momento y, en su caso, proponga nuevas acciones en la primera mitad de 2008.

La situación de la comunidad gitana, especialmente la procedente de Rumanía, ha atraído la atención de la UE después de que el asesinato de una mujer en Italia, presuntamente a manos de un rumano, hizo que el Gobierno italiano aprobara un decreto ley urgente para expulsar a ciudadanos comunitarios que supongan un riesgo para la seguridad.