Se veía venir. La Comisión Europea (CE) confirmó ayer la ilegalidad de varias de las condiciones impuestas a la OPA de Enel y Acciona e instó al Ministerio de Industria a retirarlas antes del 10 de enero.

Si no lo hace, Bruselas denunciará a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, como ya hizo en marzo pasado, tras las trabas a la OPA de la alemana E.ON, pese a que esta operación fracasó.

Entre las medidas de la discordia están la de mantener a Endesa como empresa independiente, incluida la marca, y su sede en España; limitar los dividendos y la deuda de la eléctrica y prohibir la venta de los activos en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Bruselas recuerda que tiene la competencia exclusiva en las fusiones comunitarias.

Industria insiste en que esos requisitos son proporcionados y se ajustan al derecho comunitario. El ministerio “estudiará a fondo” la petición de la Comisión Europea. Su postura es idéntica a la de hace un año, cuando se negó a modificar las trabas impuestas a E.ON, muy similares a las que ahora cuestiona Bruselas

Decreto y expediente

En julio pasado, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) impuso a Acciona y Enel doce condiciones para comprar Endesa. La UE consideró ilegales once y ambas empresas las recurrieron ante Industria, que las rebajó a siete en octubre. Varias se basaban en un decreto aprobado en febrero de 2006, tras la irrupción de E.ON (que tumbó la oferta inicial de Gas Natural) y que permitía a la CNE vetar operaciones corporativas por “seguridad pública”.

La UE también denunció a España por esa norma.

El ultimátum de Bruselas, que, según el PP, acarreará a España “cuantiosas sanciones”, tiene, en la práctica, nulo efecto sobre Endesa, que desde octubre pertenece a Acciona y Enel. Fulvio Conti, presidente de la compañía eléctrica italiana, dijo ayer que espera “con calma” la reacción de España.