Martes, 4 de Diciembre de 2007

El Ayuntamiento de Marbella cifra en unos 500 millones de euros lo defraudado en la trama

EFE ·04/12/2007 - 20:24h

EFE - El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz (i) y el ex asesor de Urbanismo José Antonio Roca, durante el juicio por un delito urbanístico en el denominado caso "Incopromar". El Ayuntamiento de Marbella cifra en unos 500 millones de euros lo defraudado en la trama desarticulada tras la "Operación Malaya".

El Ayuntamiento de Marbella ha cifrado entre 460 y 500 millones de euros el dinero defraudado a las arcas municipales por la trama de corrupción municipal y urbanística destapada en la Operación Malaya, según ha anunciado hoy el portavoz del ejecutivo local, Félix Romero (PP).

Romero ha explicado a los periodistas que el Consistorio ha solicitado la relación de todos los bienes incautados en la operación para "saber qué es lo que se nos ha robado y la forma en la que se ha materializado".

Se trata de una cuestión "moral y material", ha apuntado Romero, que ha resaltado que los bienes incautados son "la punta del iceberg de todos los que desaparecieron" y que, como reflejan los propios autos judiciales, "es complicado abarcar lo que puede haber en el extranjero".

El portavoz ha explicado que el Ayuntamiento tiene abiertos procedimientos judiciales en la Audiencia Nacional -como los casos Saqueo I y II- y otros casos abiertos por alcance contable en el Tribunal de Cuentas en los que están imputados muchos de los procesados en la Operación Malaya.

Por dicha razón, el Ayuntamiento solicitará el embargo de los bienes incautados en la citada investigación, por si las responsabilidades civiles que se les atribuyera en el juicio fueran menores, y hubiera un sobrante.

La justificación de ese embargo se centraría en "otras responsabilidades civiles que se les pueden exigir al estar imputados en otros procesos".

Romero ha puntualizado por otra parte que el Ayuntamiento está relacionado con unos 300 procedimientos penales, 300 civiles y unos 800 contencioso-administrativos.

Se trata, ha dicho, de una "magnitud de litigiosidad inabarcable" que precisa de un asesoramiento legal adecuado y que, con toda probabilidad, "aumentará a raíz de la entrada en vigor del PGOU por las alegaciones que no hayan sido incluidas".