Martes, 4 de Diciembre de 2007

El fiscal delimita la responsabilidad de La Caixa a 27 de los 50 millones de euros de la apropiación

EFE ·04/12/2007 - 12:55h

EFE - María del Pilar Giménez Reyna, imputada en el escándalo financiero de Gescartera, que afecta a más de 4.000 inversores.

La Fiscalía Anticorrupción delimitó hoy la responsabilidad civil subsidiaria de La Caixa a 27 millones de los 50 millones de euros de la apropiación indebida en el escándalo financiero de Gescartera, mientras que Caja Madrid Bolsa podría hacerse cargo del resto del importe de indemnizaciones.

Así lo indicaron a Efe fuentes procesales, tras el informe presentado por el fiscal Vicente González-Mota, quien recurrió a varios artículos del código penal para acusar a La Caixa de poder contribuir, a través de la actuación dos de sus empleados, a que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no conociese el verdadero estado financiero de Gescartera.

Respecto a Caja Madrid Bolsa, que actuó como subcustodio de valores de Gescartera, el fiscal explicó que, según él, ha quedado demostrado en el juicio que con su "actividad profesional" y "una injerencia en patrimonio de un tercero" ha causado "un perjuicio" en virtud del cual "deben indemnizar".

En su informe final de acusación en esta vista oral, el fiscal dedicó un apartado especial a la responsabilidad civil subsidiaria, al comenzar por el papel desempeñado por La Caixa, a través del director y el subdirector de su sucursal en Majadahonda (Madrid), Miguel Carlos Prats Oria y José Alfonso Castro Mayoral, respectivamente, para quien el Ministerio Público pide 3 años de cárcel como "cómplices" de un delito de apropiación indebida.

Tanto el dueño de Gescartera, Antonio Camacho, como su número 2, José María Ruiz de la Serna, según el fiscal, utilizaron documentos de La Caixa para escapar al control de la CNMV y a sus investigaciones sobre el desfase patrimonial desde el año 1999, dos años antes de la intervención de la agencia de valores.

También recordó que La Caixa hizo un certificado por el que se documentaba un ingreso en cuenta de tres cheques por importe de 3.949.590.428 pesetas (23,73 millones de euros), que nunca fueron cobrados.

Además Ruiz de la Serna, a finales de 1999, solicitó a Miguel Pratas un certificado por el que se solicitaba el desglose de los clientes de la cuenta denominada "clientes de liquidación internacional", para hacer constar un importe de 3.929.212.638 pesetas (23,61 millones de euros), e incluso, en mayo de 2001, remitió a la CNMV otro certificado -no confeccionado por los empleados de La Caixa- en el que se informaba que los saldos de los clientes a fecha 28 de febrero de 2001 ascendían a 4.342.504.746 pesetas (26,09 millones de euros).

Según el fiscal, La Caixa, como entidad financiera, "debe responder por los perjuicios causados por los empleados" ya que su actuación "favoreció la distracción de fondos de Gescartera".

Respecto a la petición de responsabilidad civil subsidiaria para Caja Madrid Bolsa, pese a no tener ningún empleado imputado, el fiscal Vicente González Mota indicó que la entidad era la encargada por velar el cumplimiento de la ley en su establecimiento.

Como en noviembre de 1999 entró en vigor una Orden Ministerial que obligaba a solicitar permiso individual de los clientes para abrir cuentas, "debía haber identificado a sus clientes" para garantizar el depósito de valores de los inversores de Gescartera y no delegar en la sociedad de gestión de carteras (posterior agencia de valores) esta responsabilidad.

"Un depósito de valores acarrea la obligación de que un tercero sea identificado" y, además, "la obligación o cuidado de impedir que Gescartera se apropiara del dinero de los clientes" no hubo ninguna, pero, a juicio del fiscal, se dió una "infracción" o "negligencia" respecto a la apertura de estas cuentas y a recabar la firma de los clientes.

Además, siempre según el fiscal, Caja Madrid Bolsa ejecutó múltiples operaciones en la sesión que sirvieron de cobertura para que "saliese y entrase" dinero de la Gescartera.

Por último, el fiscal Vicente González Mota entró a cifrar la responsabilidad en una cantidad superior a los 4.000 millones de pesetas (24 millones de euros) para La Caixa y, al menos, 1.686 millones de pesetas que tuvieron en saldos bancarios más otros 57 millones de pesetas de "saldo de valores" (10,47 millones de euros) para Caja Madrid Bolsa.