Martes, 4 de Diciembre de 2007

Un grapo desvela que el PP negoció con ellos en 1997

Tres terroristas niegan su participación en el secuestro de Publio Cordón.

PÚBLICO.ES ·04/12/2007 - 08:28h

El cabecilla del GRAPO, Enrique Cuadra Echeandía, aseguró ayer, en su declaración como testigo en el juicio que la Audiencia Nacional celebra por el secuestro del empresario Publio Cordón, que en 1997 el Gobierno de José María Aznar negoció con él y otros dos dirigentes de la banda armada una "salida política" que desembocase en la disolución del grupo terrorista, informa Servimedia.Cuadra Echeandía, quien ya fue condenado como autor del secuestro de Cordón en 1995, hizo estas declaraciones en el juicio celebrado contra Manuel Pérez Martínez, Isabel LLaquet Baldellou y Fernando Silva Sande, quienes están acusados de ser los inductores del secuestro.

El testigo aseguró que, en 1997, un miembro de los servicios de inteligencia y un mando de la Guardia Civil se reunieron con él y otros dos dirigentes del GRAPO en una cárcel de Sevilla.En dichos encuentros, mantuvieron conversaciones "para una negociación de tipo político" que permitiese la disolución definitiva de la banda terrorista, según aseveró el terrorista Cuadra Echendía.

El testigo señaló que durante esos encuentros sólo le preguntaron "una vez y de forma puntual" sobre el paradero de Publio Cordón, pero que no pudieron aportar nada nuevo porque "ya lo habíamos dicho todo y no había nada más que aportar".

Dicen no saber nada

Por su parte, ninguno de los tres acusados -para los que la Fiscalía pide 27 años de prisión como inductores- reveló dato alguno que pueda esclarecer qué pasó con Publio Cordón. Todos ellos negaron cualquier tipo de participación o relación con el secuestro. El primero en declarar fue Silva Sande, quien está considerado uno de los cabecillas de los GRAPO en la época en la que se llevó a cabo el secuestro: "No tuve nada que ver con la preparación ni con el secuestro, ni siquiera conozco a Publio Cordón", aseguró.

Por su parte, Pérez Martínez, quien fuera el secretario general del Partido Comunista de España Reconstituido (PCE-r), considerado como el brazo político del GRAPO, también negó cualquier participación en el secuestro. El acusado se mostró convencido de que la única prueba que existe contra él es una carta escrita por los familiares de Cordón que se encontró en su domicilio de París. Su mujer y también acusada, Llaquet Baldellou, se expresó en los mismos términos.

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