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Viernes, 30 de Noviembre de 2007

Marbella y la Junta, a la gresca

Obras Públicas reprocha al ayuntamiento que no haya tramitado aún 6.000 alegaciones al PGOU

PÚBLICO ·30/11/2007 - 20:01h

El envío a la Junta de las alegaciones al PGOU de Marbella ha abierto un nuevo frente de batalla entre el ayuntamiento del municipio y la Consejería de Obras Públicas. Ayer, el director de la Oficina de Planeamiento de la Junta en Marbella, José María Ruiz Povedano, aseguró que el Ayuntamiento marbellí, que cifra en casi 9.000 las alegaciones formuladas, no ha enviado 6.000 de ellas.

El portavoz del gobierno local marbellí, Marbella, Félix Romero (PP), replicó de inmediato: las 9.000 alegaciones –dijo– fueron remitidas a la Junta. Romero acusó al Gobierno autonómico de establecer un “formulismo dilatador” para su tramitación.

Pero, según Ruiz Povedano, el consistorio sólo le ha hecho llegar enviado 1.520 alegaciones “formalmente presentadas y catalogadas”, y además ha entregado varias cajas con numerosas fotocopias sin clasificar que pueden corresponder a otras 2.000 o 2.500.

Tras mostrar su disposición a colaborar con el Ayuntamiento, Ruiz Povedano recuerda que la Corporación municipal tiene “todas las competencias urbanísticas sobre el PGOU”, por lo que la Oficina de Planeamiento “nunca puede retrasar ni interferir” en la tramitación del documento, ya que “lo único que hará sobre las alegaciones es emitir un informe técnico” si el Consistorio así lo considera.

Masa informe de alegaciones 

Recuerda que envió una carta a la alcaldesa el pasado 13 de noviembre en la que le pidió que enviara toda la documentación y que remitiera adecuadamente las más de 2.000 alegaciones que suponen “una masa informe de fotocopias”, sin ordenación alguna.

Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento, Ruiz Povedano asegura que remitió otro escrito en el mismo sentido para que las alegaciones cuenten con una numeración que permita analizarlas.

Ésta no es la primera fricción urbanística entre las dos administraciones. El nuevo plan general de ordenación prevé la legalización de 18.000 viviendas ilegales ya construidas a cambio de que los promotores o quienes compraron los inmuebles compensen a la ciudad con suelo para equipamientos y zonas libres.

La alcaldesa de Marbella ha rechazado desde el primer momento esa fórmula, así como el derribo de los edificios que invadieron espacios públicos.