Archivo de Público
Lunes, 4 de Mayo de 2009

Hasta 15 meses de espera

Los sindicatos denuncian falta de personal para evaluar y determinar las prestaciones

V. P. ·04/05/2009 - 07:00h

Los dependientes tienen que esperar hasta 15 meses de media en recibir las ayudas que solicitaron. Es, hasta el momento, la única cifra (de un estudio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales) que, más allá de denuncias puntuales, hace visible el largo proceso que afrontan las personas incapaces de valerse por sí mismas y sus familias para conseguir ayuda. Y ello, a pesar de que el tiempo máximo para que las Administraciones resuelvan estos procedimientos es de seis meses.

Un 42% de las personas que, tras ser evaluadas, tienen el grado de dependencia que cubre hasta ahora la ley (los grandes dependientes y los severos) todavía no se benefician de sus ayudas. Están a la espera de que se les comunique qué tipo de prestaciones se les ofrece, lo que se determina en el Plan Individualizado de Atención (PIA).

Implantación muy desigual

A la cabeza de las comunidades con menos beneficiarios de ayudas respecto al total de dependientes con derecho a percibirlas, está Canarias: sólo las reciben el 20%. Por detrás está Murcia, con un 25% de beneficiarios atendidos, y Baleares, con un 35%. Al contrario, el 83% de los dependientes vascos con derecho a las ayudas ya se benefician de estas. En Navarra este grupo asciende al 78%, y en Andalucía, las recibe el 75%.

La falta de profesionales, de previsión o un diseño deficiente de los procesos de valoración de los servicios por parte de las autonomías explican, en parte, la lentitud del proceso, según coinciden los sindicatos.

La secretaria de Política Social de CCOO, Rosana Costa, añade que las comunidades más lentas "han priorizado el destino de la financiación estatal para abaratar los costes de las personas que ya estaban siendo atendidas [por los servicios sociales, antes de que entrara en vigor la ley], relegando a los nuevos dependientes".

Por su parte, la secretaria para la Igualdad de UGT, Almudena Fontecha, explica que "la Administración está resolviendo los expedientes a medida que es capaz de disponer del recurso, y ralentiza en función de eso". Fontecha también asegura que hay que tener en cuenta que la Administración "se ve obligada a resolver todas las solicitudes", también las de quienes no se pueden beneficiar todavía de la ley por no tener el suficiente grado de dependencia y "esto supone una carga de gestión muy importante".

Otro de los datos que hacen sospechar que las comunidades no se toman igual de en serio la aplicación de la Ley de Dependencia es el número de solicitudes que han recibido para cobrar las subvenciones. Por ejemplo, mientras un 3,3% de la población andaluza y un 3% de la vasca ha pedido las ayudas, en Madrid sólo lo ha hecho un 0,65%, y en el País Valenciano, un 0,76. Estas últimas "tienen un denominador común, la desinformación sobre el derecho y la desincentivación a ejercerlo de cara a los ciudadanos", critica Costa.

La secretaria de CCOO indica que cuando se aprobó la normativa, ni Madrid ni Valencia impulsaron campañas de difusión e información sobre el nuevo derecho que se les ofrecía, ni cómo solicitarlo. También critica "el retraso de meses, con respecto a otras comunidades, a la hora de regular los procedimientos de solicitud, valoración y prescripción de servicios y prestaciones".

Andalucía, Aragón, Castilla y León y País Vasco, líderes

Ninguna comunidad ha implantado la Ley de Dependencia hasta el grado deseable. En ello coinciden, desde que entró en vigor la norma, sindicatos y asociaciones vinculadas al sector. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha puntuado la labor de las autonomías y ha establecido que Andalucía, Aragón, Castilla y León y el País Vasco están a la cabeza, con una puntuación de notable. Según este mismo estudio, suspenden Baleares, Canarias, el País Valenciano, Extremadura, Madrid y Murcia. Para evaluar su labor se han tenido en cuenta parámetros como el desarrollo de una normativa propia para aplicar la ley, la coordinación entre las distintas Administraciones y los datos de implantación que recoge el Gobierno central.