EFE - El ministro de Sanidad, Bernat Soria, durante su comparecencia en el Congreso.

"La Ley protege a los investigadores". Con estas palabras, el ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, expresaba hoy en el Congreso su convicción de que no prosperará la causa judicial abierta contra varios científicos del Banco de Líneas Celulares de Granada. Cuatro de los investigadores del citado centro han sido llamados a declarar como imputados tras la denuncia de una mujer que afirma que las investigaciones con preembriones atentan contra la vida.

El titular de Sanidad explicó que, con la Ley de Investigación Biomédica, España se ha dotado de "uno de los instrumentos jurídicos más escrupulosos del mundo en materia de investigación con células madre de origen embrionario". "La Ley da seguridad jurídica a los investigadores. Además, los mecanismos para autorizar un proyecto son muy respetuosos con la norma y muy garantistas", dijo.

En este contexto, el ministro considera que aunque el hecho de que un ciudadano dirija una reclamación "es normal en un estado de derecho", también cabe esperar "que aquellos investigadores a los que la Ley da seguridad jurídica para realizar su trabajo sepan que la Ley les protege porque es muy cuidadosa con los criterios éticos y normativos".

Clínicas abortistas

Por otro lado, el ministro, que compareció hoy por última vez antes de las elecciones ante la Comisión de Sanidad del Congreso, aseguró que el caso abierto por la práctica de supuestos abortos ilegales en varias clínicas de Barcelona "es una excepción muy minoritaria", ya que las comunidades "someten a control estricto cualquier procedimiento" de interrupción del embarazo en centros concertados.

Soria cree también que no está "abierto" el debate sobre una posible reforma de la Ley que regula los supuestos del aborto y afirma que la Ley es "muy precisa", de forma que si las interrupciones investigadas en Catalunya se hubieran producido fuera de los supuestos legales, corresponde actuar al Ministerio de Justicia , y no a Sanidad.

El responsable de Sanidad, que prefirió no hacer comentarios sobre los métodos presuntamente seguidos en las clínicas investigadas para deshacerse de los fetos, dijo también que "el Gobierno y las comunidades garantizan que los derechos de las ciudadanas son respetados y se realizan en las mejores condiciones médicas; esto sigue siendo así en los centros concertadas".