Archivo de Público
Jueves, 22 de Noviembre de 2007

Los olvidados de Esperanza Aguirre

La Comunidad de Madrid está a la cola en la aplicación de la Ley de Dependencia, en vigor desde hace casi un año

ARTURO DÍAZ ·22/11/2007 - 17:14h

La niña Beatriz, y Carmen y Regino, sus padres, no entran en los planes de la "lideresa" del PP, como ella se proclama. Esperanza Aguirre, que se manifiesta día sí, día también, sobre la "improrrogable necesidad" de que Madrid cierre su quinto cinturón de circunvalación, la M-50, no tiene prisa por aplicar la Ley de Dependencia que entró en vigor hará en enero un año.

Cada estudio sobre el grado de aplicación de esta norma, que beneficiará a 1,1 millones de ciudadanos con una dependencia grave o severa, coloca a la comunidad que preside Aguirre a la cola de todas. El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, asegura que "Madrid no está haciendo nada por aplicar la Ley de Dependencia". Pero Beatriz, que ya tiene 15 años y arrastra una parálisis cerebral, no puede esperar más. Ni sus padres, dos profesores de clase media que viven ahogados por la circunstancia de su hija y el dinero que cuesta de más cada paso para que Bea progrese.

La niña, que a los ocho años, la última vez que fue valorada su minusvalía, presentaba oficialmente una discapacidad del 75%, ha crecido y se ha convertido en inmanejable para sus padres. Los ojos de Beatriz están llenos de vida; la chavala regala risa y simpatía a cualquiera que se le acerque; y habla por los codos con una lengua de trapo que sólo Regino y Carmen saben descifrar. Se esfuerza cada momento por hacer lo que le piden sus padres y aprende en un colegio de educación especial nuevas pistas para moverse por este mundo que le da la espalda.

El pasado viernes volvía de una excursión muy contenta con el brazalete tejido de punto que le habían regalado. No se puede valorar su alegría inmensa, pero todo lo demás sí, tanto las dificultades que la parálisis provocada durante el parto le ha legado, como la angustia de sus padres por llegar a fin de mes.

Menos de 50 euros al mes

La Comunidad de Madrid, cuyos responsables aseguran que su "sistema de protección a los dependientes es mejor que el que propone la Ley", dispone desde junio de todo el papeleo necesario para que a Bea se le aplique la norma estatal. Asuntos Sociales de Madrid no ha dado señales de vida desde entonces, y hasta que no envíen un equipo para evaluar la minusvalía de la niña, sus padres no podrán recibir ninguna de las cantidades que contempla la Ley.

Seguro que no se imaginan lo que Carmen y Regino reciben como ayuda mensual de la Comunidad de Madrid: 48,47 euros. La cifra es ridícula a la luz de los gastos que esta pareja ha de afrontar. Una rampa adaptada para que Bea pueda entrar en la furgoneta de sus padres les costaría 12.000 euros, casi 21 años de esta propina. No hay rampa que valga porque, aseguran, no la pueden adquirir. La "pensión de protección familiar", como eufemísticamente decidió llamarla algún burócrata con sentido del humor (negro), se hace además de rogar: "Te la pagan dos veces al año, seis meses de cada vez, 290,82 euros, no vaya a ser que nos paguemos los vicios si nos la dieran cada mes", apunta irónicamente Carmen, que no pierde el optimismo pese a las estrecheces que sufre su familia. Dos personas próximas a ellos les ayudan a parchear el presupuesto mensual.

Los grandes dependientes de la comunidad son unos 50.000, según datos de Comisiones Obreras, el sindicato que más está peleando en este ámbito. Si Bea fuera clasificada en esta categoría su familia podría percibir 780 euros mensuales con los que pagar "a alguien que nos ayudara", suspira Carmen. "Con una persona preparada que nos asistiera dos horas, para hacer la compra simplemente, no te creas, ya nos daría un gran respiro", añade humildemente Regino.

Carmen tiene "los huesos de una octogenaria" pese sus "40 y pico años", debido a una artrosis degenerativa. El acarreo constante de una hija que necesita atención 24 horas porque se desplaza con gran dificultad gracias a un andador, la hora del baño, o simplemente meterla en el coche, son esfuerzos que sin duda no mejora el estado físico de Carmen.

El síndrome del burn out, (quemado, líteralmente, en inglés) amenaza a estos padres, como a cualquiera que tuviera que ocuparse de un gran dependiente que nunca puede encontrarse solo. La madre está convencida de que el cáncer de tiroides que se le manifestó cuando diagnosticaron la parálisis de Bea se debe precisamente a la somatización de ese anuncio. No puede tener más hijos debido a ello.

La comparación con las facilidades que viven los discapacitados en otras comunidades autónomas es constante en el discurso de estos padres. Si el País Vasco, Galicia o la Comunidad Valenciana dispensan un trato mejor, según han comprobado, aseguran, hablando con otros padres, el paraíso español en este asunto se encuentra en Navarra. "Una familia que conocimos se mudó de Guadalajara a Pamplona porque allí los cuidados son enormes; el Gobierno foral les adaptó la casa y hasta les instaló un ascensor para subir a la segunda planta", cuenta Carmen maravillada ante algo que debería ser normal en un país que se dice moderno: que la vida de los más débiles sea la máxima preocupación de cualquier instancia pública.

El curso de neurorrehabilitación que se ofrece en Navarra cada verano, uno que sigue el método del Instituto Petö de Budapest, les supone un gasto que supera los 6.000 euros que no tienen. "Lo hicimos dos años, ahorrando mucho, pero ahora nos es imposible costearlo, y eso que es muy positivo para que Bea ande", cuenta Regino. Otras comunidades corren con el gasto de este prestigioso curso ya subvencionado en origen por dos cajas de ahorros navarras; Madrid, de nuevo, no. Tampoco el coste de la bañera que compraron allí y que aligera el aseo de Bea fue pagada por la Comunidad, algo que sí ocurre en Navarra.

"Fíjate donde llega la dejadez total de la Comunidad que nunca, nunca, hemos recibido información de Asuntos Sociales, nunca, ni una sola carta en todos estos años", se lamenta Carmen. Ella, que parece no ceder pese a los palos que le da la vida, persevera en sus llamadas al teléfono de información de la Comunidad. "Llamo casi cada día y, si me cogen el teléfono, les pregunto que cuándo me van a dar una respuesta, que cuándo van a evaluar a mi hija para pedir una ayuda; siempre me dicen que espere, que tenga esperanza; ¿qué esperanza, Esperanza Aguirre?, les digo yo; somos pocos y nuestros votos no deben interesarle", se queja amargamente Carmen. Bea, toda sonrisa en su sillón, asiste ajena. Ni siquiera puede votar.