El escándalo que sacude estos días a la Comunidad de Madrid alcanza ya tal grado de putrefacción que no puede ser despachado como una mera pelea de poder en el seno del PP. Por más que las ambiciones y rivalidades personales sean su motor, las historias siniestras de espionaje, los indicios de corrupción y las batallas por el control de Caja Madrid que están saliendo a la luz constituyen, por encima de todo, una degradación de la democracia.

Resulta altamente inquietante que desde las esferas de poder se transmita a los ciudadanos el mensaje de que una persona puede ser objeto de seguimientos al margen de la ley. Y de que el dinero de los contribuyentes se utiliza para fines que no siempre revierten en el interés público.

Según ha trascendido, Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre tenían desde hace meses conocimiento de la existencia de algunos dossieres y no hicieron ningún esfuerzo para investigar a fondo lo que en ellos se revelaba.Tanto el líder del PP como la presidenta de Madrid, así como toda la pléyade de implicados en el caso Ignacio González, Francisco Granados et al, están en mora de asumir responsabilidades. Empezando por ofrecer a los ciudadanos una explicación convincente sobre lo ocurrido, con independencia del curso judicial que tome tan turbio asunto. Y que no traten de distraernos con recriminaciones recíprocas o abrazos de confraternización. Porque no estamos sólo ante una pelea interna del PP.