Las razones que se esconden tras la revuelta judicial
El magistrado de Madrid Marcelino Sexmero detalla las causas que sostienen el malestar generalizado de su colectivo
DANI POZO - El magistrado Marcelino Sexmero, el pasado jueves, en su despacho del juzgado número 4 de Madrid.
A las nueve y media de la mañana, una larga cola colapsa el acceso a la sede general de los juzgados de Madrid, en Plaza de Castilla. Fuera hace frío; dentro, también. La Comunidad de Madrid paga la calefacción. El edificio fue inaugurado en septiembre de 1984 y se nota.
Marcelino Sexmero tiene 57 años y lleva 19 en la carrera judicial. Es el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid. El pasado jueves le correspondió uno de los cuatro turnos de guardia de diligencias que funcionan cada día en Plaza de Castilla.
"Como la Justicia sólo genera gastos y no ingresos, nadie se ha interesado"
El trabajo de su oficina pulveriza los tópicos. Los prejuicios caen derrotados al cruzar la puerta. Diez funcionarios preparan el día en una oficina amueblada hace 30 años. Sexmero ha comenzado a trabajar a las nueve y saldrá 12 horas más tarde. Cada nueve días le corresponde una guardia por la que cobra 150 euros.
Un salario en crisis
Un abogado del turno de oficio que asista a uno de los 18 detenidos que pasarán ese día por su juzgado recibe, como mínimo, el doble por cada caso. El salario mensual neto de este magistrado es de 4.100 euros, "igual que un inspector de Hacienda o de Trabajo", explica Sexmero. ¿Mucho? La tormenta judicial que truena en las puertas del Gobierno y anuncia una posible huelga de togas para el próximo 26 de junio recoge las reivindicaciones salariales en su último punto, el octavo. El Gobierno ha advertido de que no incrementará su retribución más allá del 5% presupuestado para este año.
La aplicación informática con la que trabaja el juez tiene 20 años
"Somos conscientes de la crisis; no queremos que nos suban el sueldo, sino que se cumpla la ley". El Gobierno Aznar aprobó en 2003 que, cada cinco años, una mesa de retribuciones revisaría las nóminas del poder judicial. El calendario ha hecho coincidir la explosión de la crisis económica con este plazo fijado por el Ejecutivo.
Por las manos del juez Sexmero pasan cada año 8.000 asuntos. "Y este Juzgado funciona, hay ánimo y equipo, pero esto es excepcional". Buena parte del trabajo se hace en casa y ocupa "bastante más de ocho horas diarias", explica el juez.
Ninguno de los funcionarios que ayudan a Sexmero es interino. No es lo habitual en Plaza de Castilla, donde hay 54 juzgados. Las consecuencias de que empleados eventuales cubran el trabajo de funcionarios son previsibles. "Se puede cometer un error y, en lugar de responder el Estado por falta de medios, respondo yo", se queja el magistrado.
El juez Tirado aparece una y otra vez en la conversación. "Se ha trasladado un asunto concreto a todo un colectivo", denuncia Sexmero. ¿Existe falta de control? "Se nos achacan todos los males de la Justicia, pero nadie tiene en cuenta los medios con los que la gestionamos; su precariedad impide un control efectivo de los expedientes. No es que no lo queramos, sino que no nos permiten tenerlo". Pero la enfermedad crónica del sistema presenta más síntomas.
Cobra 4.100 euros, "como un inspector de Hacienda o de Trabajo"
La aplicación informática del ordenador del juez Sexmero tiene 20 años. Recuerda a una obsoleta máquina de escribir eléctrica, no a un procesador de textos. "Hacienda lleva 20 años con un programa estupendo, pero como la Justicia sólo genera gastos, y no ingresos, nadie se ha interesado y va de parche en parche".
"Estábamos hartos"
Cuatro asociaciones de jueces, conservadoras y progresistas, apoyan las movilizaciones. También la moderada Francisco de Vitoria, a la que pertenece este juez. "Estábamos hartos, y la única manera de que el Gobierno se ponga las pilas y la opinión pública sepa qué pasa ha sido anunciar una posible huelga, en junio, para dar tiempo al diálogo".
"Nuestro régimen disciplinario, después del militar, es el más duro"
Durante toda la mañana, el juzgado número 4 de Madrid es un baile continuo de expedientes. La coreografía la dirige el alma de la oficina: la secretaria judicial. El juzgado es una isla de aparente orden dentro del caos. Desde primera hora, la informática se ha resistido a funcionar, y el primer juicio rápido se retrasa, por eso, más de una hora. Cada 20 minutos subirá un detenido.
A media mañana, el juez baja a los calabozos, para ahorrar a la Guardia Civil el esfuerzo de escoltarlos hasta su oficina; no hay efectivos suficientes. En el primer sótano del edificio, el frío y los parches que ahorran mantenimiento son más evidentes. A las tres y media finaliza la mañana. Sin estereotipos; nadie ha robado unos minutos para el café.
"¿Una casta privilegiada?"
Sexmero regresa a las cinco. Le espera otro juicio rápido y una salida, la visita a un detenido que convalece en un hospital tras arrojarse desde un quinto piso para escapar en un robo.
"¿Una casta privilegiada? No tenemos ningún privilegio; no disfrutamos los mismos permisos que el resto de funcionarios; no podemos acumularlos; no cobrábamos la paga extra íntegra hasta hace poco...", enumera el juez. La lista continúa, y está, por encima de todo, el miedo a las sanciones, que ha desatado el caso Mari Luz . "Nuestro régimen disciplinario, después del militar, es el más duro en el colectivo público; respondemos de lo que nadie responde, del trabajo de nuestros funcionarios".
Poco antes de las nueve, el magistrado firma el estadillo del día para concluir la guardia. Hoy han entrado 26 asuntos y Sexmero ha atendido a 18 detenidos. Apenas 220 jueces trabajan para los cuatro millones de personas que viven en la ciudad de Madrid.