Archivo de Público
Domingo, 18 de Enero de 2009

"España ya no puede absorber más inmigración"

Con el paro como telón de fondo cree que el mercado laboral no admite más trabajadores extranjeros 

 

B. CARREÑO / D. AYLLÓN / F. SAIZ ·18/01/2009 - 08:00h

A. MARTÍNEZ - Celestino Corbacho.

Celestino Corbacho (Valverde de Leganés, Badajoz, 1949) dice sonriente que ser ministro de Trabajo en el país con mayor paro de Europa "no es el peor oficio del mundo", pero "sí está cerca de ser el mayor reto del mundo".

Le toca responsabilizarse de una de las promesas más firmes del presidente del Gobierno: que no se tomará ninguna medida que afecte a los trabajadores sin pactarla. Y él solo se ha erigido en caballero de una causa que raya en lo personal: que se destierre la cultura de las prejubilaciones a menores de 52 años.

Dos hermanos prejubilados del sector del transporte le sirven como referencia del daño que esta práctica puede hacer a la sociedad. El drama del paro lo capea con más distancia: su vida laboral arrancó en 1964 (con 15 años) y nunca ha estado en desempleo. Corbacho cree que España ya no puede absorber más inmigrantes.

«Mi opinión es que la inmigración tenderá a estabilizarse, o incluso a reducirse»

Usted no cree que llegaremos a los cuatro millones de parados.

Si el Gobierno no hiciera nada y dejáramos que fuera la economía la que produjera el ajuste podríamos llegar a esa cifra. Pero como se han aprobado medidas de creación directa de empleo, esta cifra no se alcanzará.

Hay cierta sintonía del presidente y los sindicatos para mejorar la cobertura del desempleo...

«Las autonomías y los ayuntamientos deben compartir la protección social con el Estado»

La preocupación de los sindicatos está en que se agoten las prestaciones en algún colectivo y quede desprotegido, lo que abordaremos en la mesa del diálogo social. Por parte del Gobierno hay una garantía de que, pese a que el Servicio Público de Empleo sea este año deficitario, la prestación seguirá percibiéndose. En estosmomentos, el sistema de protección que tenemos es lo suficientemente amplio como para que podemos afirmar que el grueso de la población que hoy puede quedar en desempleo está asistida por una red de protección. Otra cosa es que la crisis mundial fuera más allá y allí tendríamos que ver si queda algún colectivo descubierto.

Pero hay casi 700.000 personas que no perciben prestación.

Las cosas son más complicadas que las sumas y las restas. Hay varias modalidades de prestación, lo que hace que la mayoría de las personas estén cubiertas por este paraguas. Más de 200.000 no han cotizado nunca por el derecho del desempleo y el diferencial entra y sale del mercado de trabajo.

«El diálogo social tendrá agenda y calendario de temas. Le falta visibilidad»

¿Se plantean fórmulas para que nadie quede desprotegido?

La última reforma que se hizo de la ley de desempleo fijó unos topes máximos y unos tiempos. Yo, como ministro, no propondré cambiarla. En España, cuando hablamos de protección social no podemos mirar sólo a la Administración del Estado. La política social de este país es compartida por las administraciones locales, autonómicas y del Estado. Por eso, si se da la circunstancia de que hay un porcentaje de ciudadanos a los que no les llega esa protección social, el esfuerzo lo tendremos que hacer entre todos, no sólo el Estado.

¿Por qué va a pasar a presidir las Comisiones de seguimiento del diálogo social?

Las reuniones de trabajo del diálogo social tienen un ritmo normal pero a la comisión de seguimiento le falta visibilidad y puede dar la sensación de que no existen. El ministro se va a comprometer a presidir esas reuniones de seguimiento y vamos a hacer una agenda con calendario de temas y les vamos a poner fecha. Si le queremos dar un impulso al diálogo social, el calendario obliga.

¿Ha sido una petición expresa del presidente?

Este diálogo social se hace en una situación totalmente diferente en el sentido económico por lo que se amplía a ámbitos y competencias que van más allá del Ministerio de Trabajo. Y en esos ámbitos sí que sin duda juega o está jugando un papel importante la participación de Moncloa y de la Oficina Económica y del propio presidente del Gobierno impulsando determinados temas. Pero la comisión de seguimiento es una, que la preside el ministro de Trabajo, por lo que no se corresponde con ninguna petición especial sino con una necesidad.

¿Qué frutos da la contratación de 1.500 orientadores para el plan de recolocación?

Está dando un buen resultado. Aunque son las comunidades autónomas las responsables. Este año marcaremos unos objetivos con las autonomías para ver el número de visitas y de personas que debe contactar el orientador. Habrá que verlo no como una coyuntura sino como una mejora del servicio.

¿Qué perspectivas hay en el proceso del Pacto de Toledo que debate el futuro de las pensiones?

Las conclusiones estarán listas para finales de 2011. La Seguridad Social tiene hoy una buena salud económica y las previsiones van en esa línea. El Pacto de Toledo no tiene por lo tanto que entrar a ver cómo se resuelve el tema económico en el corto plazo si no que tiene que hacer una reflexión sobre en qué bases se asienta el futuro de la seguridad social pensando en el futuro de 2030.

¿Es partidario de ampliar el periodo de cómputo de la jubilación?

Esto lo tiene que decidir el Pacto de Toledo. Si quiere una opinión personal, no se debe hacer un movimiento pendular. Pero la discusión va a estar en si se debería dejar el cálculo en 15 años o se debería ampliar progresivamente. Si con el actual modelo no hay ningún problema, a lo mejor no hay que modificarlo. Pero si para llegar con buena salud a 2030 hay que tocar algo, deberá formar parte de la discusión.

Bajo su mandato, ¿se va a volver a proponer que el fondo de pensiones salga a bolsa?

Si me lo pregunta cuando está cayendo la bolsa En su momento se abrió una discusión que no está cerrada y que se retomará de nuevo en el Pacto de Toledo. Yo diría: obtengamos rentabilidades pero nunca en detrimento de las garantías.

¿Qué capacidad de acogida de inmigrantes tiene el país?

La capacidad la marca el mercado laboral. Si no lo tenemos en cuenta, provocaremos una sobrecarga de población activa sobre el mercado de trabajo, y será el primero en deteriorarse. La inmigración tiene que ir vinculada directamente a su evolución. Ahora, España no está en condiciones de absorber inmigración. A no ser que sea cualificada para determinados sectores en los que podemos tener un déficit de profesionales. En sanidad, por ejemplo, hay comunidades que necesitan médicos, enfermeras

Pero el catálogo de empleos de difícil cobertura es reducido

Sí. En general, el mercado laboral español no está en condiciones de absorber más mano de obra. Mi opinión es que la inmigración tenderá a estabilizarse, o incluso a reducirse. Sin embargo, ¿qué pasaría si el mercado laboral pudiese acoger a más personas?, ¿cuál es la capacidad que tiene la sociedad española? En este caso, la capacidad la marcaría la dimensión del Estado del bienestar; no tanto el ámbito de la interculturalidad. Si a España, que tiene determinados servicios, hospitales, escuelas... le dijésemos que le van a llegar tres millones de personas en un año, el problema no sería económico.

Usted pidió hace unas semanas a las comunidades más solidaridad con Canarias, que tiene ya más de 1.400 menores inmigrantes no acompañados a su cargo. ¿Ha habido alguna respuesta?

Canarias tiene menos presión ahora porque la llegada de inmigración irregular ha bajado en 2008 respecto a 2007. Hay menos inmigración tanto de menores como de adultos.

Pero la bolsa de menores no acompañados en el archipiélago ha aumentado porque han llegado más de los que han salido...

El Gobierno ha aportado 15 millones de euros y ha solicitado a las comunidades que se hagan cargo de parte del contingente canario. En estos momentos, se está produciendo un flujo de menores a la Península. La solidaridad está siendo positiva y se están comprometiendo más.

Con la aprobación del Plan de Retorno Voluntario, el Ministerio previó que 87.000 inmigrantes podrían acogerse. ¿Han cambiado las previsiones a raíz de la crisis?

Sí, la situación económica ha hecho cambiar el número de personas que ahora pueden tener acceso. Cuando se aprobó el decreto de Retorno había unos 87.000 desempleados que pertenecían a los 19 países que tenían convenio con la Seguridad Social de España. Entonces estimamos que se podrían acoger entre un 10% y un 15% de estas personas. Hoy, esas 87.000 son más de 100.000 porque, sin duda, la crisis está afectando de manera muy directa a los inmigrantes. En los dos primeros meses, el ritmo de peticiones de retorno ha sido de unas 1.400 personas. Pero el plan tiene una voluntad de permanencia, no coyuntural.

¿Va a variar el presupuesto del Fondo de Integración?

A pesar del contexto económico actual, el Gobierno mantendrá el fondo de 200 millones para las comunidades y ayuntamientos. Con la reforma de la ley, el Estado hará un plan director que establecerá las condiciones de cooperación económica para la inmigración. Pero no habrá cambios significativos en el reparto.