EFE - Imagen de la huelga indefinida convocada por los funcionarios hace casi un año.

Jueces, fiscales y secretarios judiciales coinciden en que es necesario actuar con urgencia para atajar los graves problemas estructurales que padece la Administración de Justicia. En lo que ya no están todos de acuerdo es en la oportunidad de convocar una huelga el 26 de junio como hicieron las asociaciones de jueces el pasado lunes.

Las dos asociaciones de fiscales y las dos minoritarias de secretarios judiciales consideran «poco oportuno» convocar un paro en este momento. Los jueces centrales de la Audiencia Nacional, salvo Eloy Velasco, también se han mostrado contrarios a la iniciativa, como la mayoría de los magistrados del Tribunal Supremo y varios presidentes de Tribunales Superiores de Justicia. Sólo los sindicatos policiales han apoyado sin tapujos la convocatoria de huelga realizada por las asociaciones de jueces, a través de un documento calificado por muchos, incluido el Consejo General del Poder Judicial, como "sensato" frente a la decisión de las juntas de jueces de Extremadura, Murcia y Zamora de convocar en noviembre una huelga para el próximo 18 de febrero .

Audiencia Nacional: "La huelga no es el camino"

El juez decano de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, preguntó a sus compañeros sobre la posibilidad de celebrar una junta de jueces el próximo día 21, coincidiendo con las convocadas en toda España, en las que se votará ir a la huelga el 18 de febrero o, como proponen las asociaciones, realizar actos de protesta ese día y dejar el paro para junio, si para entonces las Administraciones competentes no han acometido las reformas necesarias para cumplir las reivindicaciones de la carrera judicial.

Velasco, que ha defendido abiertamente la huelga en la intranet judicial, considera que las exigencias de los jueces tratan de "recuperar la dignidad de la profesión", con más medios y más jueces, para desarrollar su trabajo "con más eficacia. "Tememos ser el siguiente juez Tirado", señala Velasco, que entiende clave en este conflicto el caso Mari Luz, la propuesta ministerial de "sustituir las oposiciones por elegir jueces a dedo", el endurecimiento de sanciones a los jueces y la elección del CGPJ.

Baltasar Garzón, el propio Pedraz y Fernando Andreu entienden que "existe un problema grave de medios materiales y de la oficina judicial", que en la Audiencia Nacional se centra en la especialización de los funcionarios, "pero la huelga no es el caminio para conseguir algo que es justo y necesario para ofrecer un servicio de calidad al ciudadano". Fernando Grande-Marlaska, por su parte, cree que los jueces se tienen que "dedicar exclusivamente a su función jurisdiccional, sin actividades complementarias que la comprometan en su eficacia".

Fiscales: convocatoria inoportuna

Tanto la Asociación de Fiscales como la Unión Progresista de Fiscales coinciden en no considerar conveniente la huelga. Guillermo García-Panasco, portavoz de la conservadora Asociación de Fiscales, explicó que a principios de mes remitieron una carta a todas las asociaciones para estudiar juntos qué necesita la Justicia y reivindicarlo de forma conjunta. García-Panasco es consciente de que se necesitan medidas urgentes, aunque ve "claramente inoportuno" convocar una huelga antes de sentarse a negociar. Los fiscales se reunirán con Justicia el próximo día 28, dos días después de que lo hagan las asociaciones judiciales, que ya se están entrevistando con el PP.

Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales comparte las reivindicaciones de los jueces, añadiendo las propias del Ministerio Público, pero no cree que "paralizar un servicio público esencial" sea "el cauce más adecuado para formular peticiones".

Secretarios: oficina inoperante en el siglo XXI

Los secretarios judiciales, en cambio, discrepan ante las medidas de presión anunciadas por los jueces. Mientras Rafael Lara, portavoz del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales asociación que agrupa a más del 40 por ciento del Cuerpo, considera "comprensible" la decisión de las asociaciones judiciales, "porque reclaman lo que reclamamos todos", la de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, Margarita Martínez, no cree "demasiado oportuno" convocar una huelga, cuando se ha puesto en marcha la reforma procesal necesaria para implantar la oficina judicial, acordada cuando gobernaba el PP. El minoritario Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) también califica de "excesivas" las medidas de presión anunciadas por los jueces, porque piden "la equiparación de sus derechos a los de los restantes servidores de la Administración de Justicia", pero no "sus deberes".

Tribunales colegiados: contrarios a hacer paros

La mayoría de los magistrados del Tribunal Supremo con independencia de la legalidad o no de la huelga, asunto de controversia doctrinal en el que no hay consenso son contrarios al paro convocado, como ocurre con la mayoría de los órganos colegiados, según informaron fuentes del alto tribunal. Tanto el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como el de Islas Baleares se han mostrado públicamente en contra de esta medida de prisión.

En cambio, siete de los ocho jueces decanos de las principales ciudades españolas apoyaron el documento reivindicativo de las asociaciones, y el de Palma de Mallorca ha dicho que "comprendería" que se votara a favor de la huelga en la junta del día 21, por la carga de trabajo de los jueces.