Miércoles, 14 de Enero de 2009

EEUU conocía los "falsos positivos" de Colombia desde 1990

La CIA estaba al tanto de  los asesinatos de civiles que los militares colombianos revestían como guerrilleros de las FARC

GORKA CASTILLO ·14/01/2009 - 08:00h

El asesinato de civiles que los militares colombianos revestían como guerrilleros de las FARC para cobrar jugosas recompensas comienza a alcanzar proporciones desorbitadas. Y no se libra nadie. Si los eufemísticos "falsos positivos" le han explotado en las manos al actual presidente, Álvaro Uribe, documentos desclasificados del Departamento de Estado de EEUU y filtrados a la organización civil National Security Archive (NSA), un grupo de investigación ligado a la Universidad de Georgetown, revelan que la CIA conocía desde 1990 estas prácticas delictivas perpetradas por las fuerzas de seguridad de Colombia. El presidente era entonces el liberal Virgilio Barco.

En uno de los archivos, la CIA vincula al general Mario Montoya, el héroe que liberó a Ingrid Betancourt y que fue forzado a dimitir el 4 de noviembre para frenar el acoso a Uribe, en operaciones conjuntas con paramilitares de extrema derecha en Medellín.

Quien ocupaba el cargo de embajador estadounidense en Colombia en 1994, Myles Frechette, califica a Montoya de promotor del método del "body count", nombre utilizado para certificar éxitos en la guerra contrainsurgente y permitir ascensos en la carrera militar. La organización Colombia nunca más que intenta rescatar la memoria histórica de aquel país ha creado un banco de datos con 25.000 ejecuciones extrajudiciales hasta 1998, de los que 10.000 cuerpos nunca han aparecido.

El espeluznante relato del embajador

El primer documento sobre los ‘falsos positivos’ se remonta a 1990 y está firmado por el entonces embajador de EEUU en Colombia, Thomas McNamara. Su relato es espeluznante: “Los militares reportaron la muerte de nueve guerrilleros en el departamento de Santander. Uno tenía 87 años. La investigación concluye que fueron ejecutados y vestidos con traje de faena. Un juez verificó que los uniformes no tenían orificio de salida de bala y ordenó quemarlos”. 

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