Edu Bayer - Manifestación por el ERE de Nissan en Barcelona el pasado mes de octubre.

Prevenir el cierre de empresas y, en caso de que ya sea inevitable, minimizar sus consecuencias. Es el objetivo de un nuevo protocolo de medidas que el Gobierno catalán aprobó a mediados de diciembre, y que ha empezado a poner en práctica con una decena de empresas en dificultades.

Según la Generalitat, se trata de una iniciativa pionera en España. Hasta ahora ocurría que una empresa con problemas de liquidez debía pedir ayudas financieras a la conselleria de Economía (de quien depende el Instituto Catalán de Finanzas), presentar sus planes de reestructuración y viabilidad a la de Trabajo y solicitar créditos para la innovación en Innovación y Empresas (nombre que recibe en Catalunya la conselleria de Industria). "Tiene que acudir a tres sitios diferentes y a menudo se encuentra con respuestas contradictorias de cada conselleria", explica el secretario de coordinación sectorial de UGT, Camil Ros.

Faltaba coordinación. Desde el agravamiento de la crisis, cada semana se reúnen miembros de las tres consellerias en un comité de crisis, que preside la consejera de Trabajo, Mar Serna. En este marco se concretó la puesta en marcha del protocolo en fase piloto. Dos consellerias, la de Trabajo y la de Innovación y Empresa se han coordinado para atender conjuntamente a las compañías en situación de crisis, poniendo a su disposición todas las herramientas disponibles. Su principal propósito es invitar a que las empresas con dificultades se presenten voluntariamente con el fin de anticiparse a un posible cierre.

El Govern les asegura la máxima confidencialidad. La idea es que los representantes de las compañías estudien junto con los expertos de las consellerias la situación de su actividad y del sector en general. Tras una diagnosis, "se les quiere ayudar para que mejoren su competitividad, sus cuentas y paliar sus problemas de liquidez", explica el director general de Relaciones Laborales de la Generalitat, Salvador Álvarez.

Entre las soluciones posibles, se barajan la búsqueda de nuevos mercados, la aplicación de planes de viabilidad que garanticen la mayor parte de la actividad, la posibilidad de realizar inversiones en el exterior o la adjudicación de avales y apoyo para asegurar la liquidez. El Govern ya aprobó en diciembre la creación de una línea de avales dotada con 500 millones de euros del Instituto Catalán de Finanzas para las empresas en apuros.

En los primeros días de vigencia por el momento ninguna empresa se ha presentado de forma voluntaria al programa de apoyo. La Generalitat, sin embargo, ya está actuando en aquellas compañías que han presentado expedientes de regulación de empleo (ERE). En este caso, el protocolo también incluye medidas para atender a los despedidos, ofreciéndoles formación y la atención del Servicio de Ocupación.

Si la empresa que cierra es una filial participada por una multinacional, la Generalitat tiene como misión contactar con la matriz para explorar la posibilidad de mantener parte de la actividad en Catalunya o establecer nuevos proyectos de inversión.

Evitar que un ERE se propague

Pero el protocolo se propone ir más allá, y contempla reducir el impacto económico, social y laboral del cese de una actividad de peso en el territorio, poniendo en marcha actuaciones de apoyo a las empresas proveedoras afectadas e intensificando las políticas activas para que encuentren una alternativa.

Por ejemplo, los responsables del programa piloto se han puesto en contacto con las empresas proveedoras de Pirelli, que ha ejecutado una importante reestructuración con 257 despidos en Manresa, con el fin de intentar mitigar los efectos del recorte de producción de la matriz sobre el resto de empresas. "Estamos evaluando la situación de las proveedoras para ver si podrán continuar con su actividad y si se puede reducir el impacto de los despidos", comenta Álvarez. Lo mismo se está realizando entre las proveedoras de Nissan y Seat.

Resultados por ver

Desde UGT, Camil Ros advierte que "la administración va lenta en la aplicación de las medidas", y que "aún deben verse los resultados".
El protocolo de actuación preventiva prioriza a las compañías de más de 250 trabajadores en situación de riesgo, porque el impacto de su cierre es mayor en el resto de actividades. Aún así, también está abierto a empresas más pequeñas en situación económica complicada o que puedan provocar efectos negativos relevantes en la economía local, o que ya estén en situación de proceso concursal, independientemente de su tamaño.