Efe - Mujeres presas con sus hijos hacinadas en la cárcel madrileña de Ventas.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica volvió ayer a la Audiencia Nacional. Pretende, alegando el fallecimiento de dos mujeres que trataban de localizar a una hija y a una hermana, que se practiquen con urgencia las declaraciones judiciales y las pruebas de ADN necesarias para esclarecer algunos de los casos de los niños perdidos del franquismo.

La forma más rápida de proceder sería que las ordenara el juez Baltasar Garzón, que se ha inhibido a favor de los juzgados de siete ciudades para que investiguen esta parte de la primera causa penal abierta por los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo.

La asociación, representada por el abogado Fernando Magán, argumenta que el último auto de la Sala de lo Penal que declaró que Garzón no es competente para investigar estos crímenes contra la humanidad dejó abierta la puerta a la realización de pruebas urgentes o necesarias para la averiguación del delito. Y para demostrar dicha urgencia recuerda en su escrito a Emilia Girón y Marina Álvarez. La primera, que murió el año pasado a los 96 años, buscaba a su hijo. Álvarez también murió en 2008, pero antes de hacerlo se hizo pruebas de ADN para intentar localizar a su hermana menor.

Ellas ya han muerto, pero la asociación intenta evitar que ocurra lo mismo en otros tres casos. Son los de Agustina Gómez, de 100 años, que busca a un hijo suyo robado en 1945; Julia Manzanal, de 93; y los hermanos José y María Setefilla Sánchez Iglesias, de 75 y 73 años, respectivamente.

Matrona en la cárcel

Además, el escrito considera clave el testimonio de Trinidad Gallego, de 95 años, que ejerció de matrona en varias cárceles en los años 50, por lo que puede dar fe de cómo estos niños eran separados de sus madres y perdían su identidad.

Así denuncia cómo dos personas que fueron adoptadas y que a través del programa Quién sabe dónde supieron quién era su verdadera familia mantienen a la fuerza el nombre que se les dio tras su adopción. Otros siguen sin saber quiénes eran sus padres.

Para que la investigación avance en este sentido, la asociación propone acudir a la Asociación Nacional Derecho a Saber y a los fondos del Consejo Superior de Protección de Menores. También solicita que se incorpore a la causa el procedimiento que se siguió en Navarra por el robo de 29 hojas de la maternidad del Orfanato de la Diputación de Navarra, robo que sirvió para averiguar la identidad de muchas personas.

Nuevas fosas

La asociación también solicita que, además de los 28 Juzgados a los que Garzón instaba a continuar la investigación por él iniciada, se dirija a otros nueve. En todos ellos se sospecha que hay fosas de desaparecidos. En Guadalajara ya se tiene autorización y subvención (que expira en abril) para buscar a un capitán del Ejército republicano que se cree enterrado junto a una ermita de Esplegares.

La petición relativa a Puertollano trata de evitar que la construcción de una incineradora donde estaba el cementerio civil de la localidad dificulte la identificación de algunos restos que quizá no fueron exhumados al no estar identificados.