EFE - Miguel Blesa y Esperanza Aguirre, en la firma de un convenio para pymes.

Miguel Blesa se agarrará fuerte a la presidencia de Caja Madrid. No permanecerá impasible ante el ataque de Esperanza Aguirre, según las fuenets consultadas. Si la presidenta de la Comunidad de Madrid quiere moverle la silla con la ley en la mano, él intentará defenderse también con la ley en la mano, pero en su caso de un rango superior: la Constitución. Al estilo Pizarro.

En una reunión informal del Consejo de Administración, en la que estaban representadas todas las sensibilidades políticas (por el PP había un miembro afín a Aguirre y otro a Alberto Ruiz-Gallardón) ayer se acordó que la nueva ley que aprobará el Parlameno autonómico en las próximas semanas no afectará al actual proceso electoral. Y es que, alegan algunos consejeros, las leyes no pueden ser retroactivas y el Tribunal Constitucional así lo ha dictado en innumerables ocasiones.

Los consejeros, incluido el más afín a Esperanza Aguirre que había en esa reunión, estuvieron de acuerdo en que el proceso electoral de la caja ya se ha iniciado y, por tanto, no pueden cambiarse las normas que había establecidas. De esta forma, Blesa podría renovar en el cargo aunque no sea la Asamblea de Madrid quien le proponga. Y, además, el reparto de fuerzas seguiría siendo favorable a Aguirre frente a Ruiz-Gallardón.

En el grupo parlamentario popular, sin embargo, aseguran que el proceso electoral no se ha iniciado y que pueden cambiar la ley en los próximos días. Frente a ello, en el Consejo informal celebrado ayer, Blesa recordó que se han celebrado ya tres reuniones formales en las que se han aprobado diferentes trámites de las elecciones y una Asamblea General en la que se eligieron a las entidades representativas de los intereses generales de los ciudadanos que deben estar representados en la caja.

Parece claro que Blesa no se quedará parado ante lo que algunos consejeros denominan asalto de Aguirre a Caja Madrid. Desde Izquierda Unida, que con la nueva normativa perdería prácticamente toda su representación en la caja, se aseguró ayer que los cambios legales "están calculados para conseguir un control monopólico del grupo del PP afín a Aguirre". El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, por el contrario, dijo que no es una modificación contra nadie.