Domingo, 18 de Noviembre de 2007

El Gobierno limitará la acción jurídica popular

El Ejecutivo estudia una reforma que evite casos como el de Ibarretxe o el caso Bono.

FERNANDO GAREA ·18/11/2007 - 21:28h

El Gobierno trabaja en una reforma legal para limitar la actuación de la acción popular en los procesos penales. Es decir, para que no vuelvan a producirse situaciones como la que llevará al banquillo al lehendakari Ibarretxe y las que se han conocido como “caso Bono” y “caso del ácido bórico”, entre otras.

Obviamente, esta reforma legal ya no puede aprobarse en esta legislatura y es posible que se incluya en el programa electoral del PSOE, dentro de la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal. De hecho, José Luis Rodríguez Zapatero pretende que, si gana las elecciones de marzo, la primera parte de la próxima legislatura se dedique a la reforma de la Justicia.

En este análisis y en ese proyecto, que pretende paliar algunos de los inconvenientes que ha tenido que afrontar en esta legislatura, coinciden también y participan María Teresa Fernández de la Vega, Mariano Fernández Bermejo y José Antonio Alonso.

Su diagnóstico común es que se desaprovechó la primera parte de esta legislatura para llevar a cabo esas reformas y, por eso, casi todas las propuestas que estaban en trámite en las Cortes decaerán por falta de acuerdo con el resto de grupos parlamentarios. Una de las pocas excepciones es el Estatuto del Ministerio Fiscal que acaba de concluir su trayectoria parlamentaria.

Limitar la acción popular

En esa reforma de la Justicia, como ya adelantó este periódico, se incluye la modificación radical del Consejo General del Poder Judicial, para limitar su actividad política y para obligar a renovarlo automáticamente cuando cese el mandato de los vocales. Fernández Bermejo hizo referencia también recientemente a la modificación del sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal.

En el caso del proceso penal, la propuesta que maneja el Gobierno es que ya no baste sólo con la acusación de la acción popular para sentar a alguien en el banquillo. Es decir, deberá ser obligado que el ministerio fiscal o la acusación particular de un afectado pidan el procesamiento. Una situación equivalente está regulada ya para el llamado procedimiento abreviado.

El objetivo es que grupos como el sindicato Manos Limpias no puedan forzar juicios con interés político por sí mismos. En el caso de Ibarretxe, sólo acusa el Foro de Ermua y la Fiscalía pide el sobreseimiento del caso. Lo mismo ocurrió con el juicio contra tres policías por las diligencias abiertas por la agresión a José Bono y con el futuro juicio a otros agentes por el caso del ácido bórico.

Esa medida se completará con la atribución al fiscal de la instrucción de los procesos penales, en perjuicio de los jueces. Esta propuesta sí estará expresamente contemplada en el programa electoral del PSOE que se elabora en este momento.

Por el momento, el Gobierno ya ha tomado la decisión de que los dos proyectos de ley de reforma de la Justicia que fueron elaborados por Juan Fernando López Aguilar y que estaban en trámite parlamentario decaigan por falta de apoyos.

El Grupo Socialista hizo en las últimas semanas un último intento por salvar del naufragio una parte, unificando los dos proyectos en uno solo, pero fue imposible porque los demás grupos parlamentarios se negaron a apoyarlo.

Esos proyectos de ley contienen la creación de los consejos autonómicos de Justicia y la descentralización de los recursos ante el Tribunal Supremo a favor de los Tribunales Superiores de cada comunidad. Ambos puntos forman parte del desarrollo de los estatutos, especialmente, el de Cataluña.

También decae la creación de la llamada Justicia de proximidad y, lo que es más importante, la universalización de la doble instancia en la Justicia penal. Esta última es una exigencia de tribunales internacionales que han condenado reiteradamente a España.